Ciudadanos pide que Orihuela habilite una línea de ayudas para la regularización de viviendas ilegales
Los naranjas exigen que se ponga en marcha una campaña de comunicación sobre los trámites a llevar a cabo para acogerse a la declaración de minimización de impacto ambiental
La legalización de viviendas edificadas sobre suelo no urbanizable sigue trayendo cola. Desde que empezó el actual mandato ha sido una tónica constante la discusión de estos puntos en el orden del día. Hasta el momento cinco viviendas en pedanías han tenido en el Pleno el respaldo necesario para regularizar su situación, aunque habría cerca de una veintena de solicitudes. Eso, sin embargo, no ha sido óbice para que desde la oposición se haya sacado punta a unos procesos que la ley valenciana habilitó durante el pasado mandato, con el Botánico al frente de la Generalitat y con el gobierno PSOE-Cs en el Palacio del Marqués de Arneva. Quejas por falta de documentación en los expedientes y de ayudas para los propietarios han sido las denuncias más cacareadas. En el pleno de este jueves ya no hay propuestas de legalización, pero sí habrá una moción de Ciudadanos para instar al equipo de gobierno a hacer menos farragosos los trámites burocráticos
La formación naranja solicita en su moción al actual gobierno PP-Vox que prevea la inclusión en el presupuesto municipal de 2024 una partida específica destinada a ayudas económicas para promotores de expedientes de minimización de impacto ambiental, como se les conoce en el argot técnico. Asimismo, solicita que se trabaje en la propuesta de un protocolo ordenado para la solicitud, análisis, valoración y otorgamiento de ayudas económicas para los promotores.
No obstante, todo esto, advierten los naranjas, debe ir acompañado de una campaña de información pública a la ciudadanía dirigida a los propietarios que pudieran ser promotores y que, por supuesto, en esta se expliquen los requisitos objetivos y subjetivos de su aplicación. Hasta ahora la versión oficial es que se está dando prioridad a aquellas construcciones que tienen más probabilidades de salir adelante en este proceso. La condición fundamental es que fueran construidas antes de 2014.
A juicio del portavoz, José Aix, además, el gobierno debe ir pensando en orientar las tareas de asfaltado y acerado que se impulsen hacia estos proyectos de legalización. La mayoría de las viviendas se encuentran en veredas y caminos rurales de huerta que, en muchos casos, no disponen de servicios básicos. De ahí que el concejal estima interesante que se dote junto a estos barrios de acceso a alcantarillado, alumbrado público o accesos asfaltados. «Estas viviendas la realidad es que no van a ser demolidas, por tanto, el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es ponérselo fácil a esta gente», señala Aix, que reclama que estos trabajos tengan un criterio técnico «y no político como hasta ahora».
El PSOE, por su parte, ya se expresó en un sentido similar, denunciando dificultades para el acceso de los propietarios a estas legalizaciones. Tras las últimas aprobaciones, denunciaron que los expedientes carecían de documentación importante. «No sabemos cuántas solicitudes hay ni qué criterios se han seguido para tramitar estos dos expedientes y no otros, además como el mismo concejal de urbanismo afirmó no se ha designado personal en urbanismo para dirigir esta materia y hacer seguimiento de los expedientes, explicar y dar información a los vecinos», señalaba la concejal Milagros Lacárcel
«Los vecinos que soliciten este trámite van a tener que costear los documentos, informes, tasas y demás información necesaria, como por ejemplo la corrección de medidas de inundabilidad, pero una vez examinadas pueden conllevar a la no obtención de la licencia y por tanto el coste habrá sido para nada», añadía la socialista.
