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El Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela ha abierto finalmente juicio oral contra el exconcejal de Infraestructuras, Ángel Noguera (Cs). El que fuera edil de la formación naranja hasta 2023 está acusado por la Fiscalía y por la mercantil Zaplana Caselles de un presunto delito de prevaricación por, supuestamente, retener y bloquear el pago de las facturas que emitía la empresa, adjudicataria actual del contrato de mantenimiento de viales de Orihuela Costa. Según señalan a este periódico desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el auto se dictó el pasado 10 de enero y el juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial en fecha todavía por señalar.
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por Zaplana Caselles a la que posteriormente también se sumó el PP en la oposición a través de su entonces portavoz, Rafael Almagro. Según el escrito de acusación rubricado por el fiscal anticorrupción Felipe Briones, Noguera habría presionado por medio de un subordinado a la empresa a ejecutar encargos supuestamente fuera de los pliegos del contrato y a cambio de «agilizar» el pago de facturas por servicios ya prestados.
En el mismo escrito, el gerente de la mercantil refirió ante instancias judiciales que el concejal se negó a firmar facturas que le presentaban pese a contar con la firma de conformidad de los dos técnicos municipales al cargo de la supervisión del cumplimiento del contrato y alegando en varias ocasiones «falta de documentación requerida».
Según el denunciante, visto que, mes tras mes, Noguera se negaba a pagarle las facturas en fecha del 22 de noviembre de 2022 el empleado de Zaplana Caselles encargado del contrato decidió grabar la conversación que mantuvo con uno de los supervisores municipales designados 'a posteriori' por el concejal de Infraestructuras.
El contenido de la grabación muestra como el funcionario, a instancias de Noguera, pide a la empresa ejecutar labores ajenas al contrato a sabiendas de que «eso está mal» y «no está bien», pero que, a cambio, la Concejalía se avendría a «agilizar» el pago de las facturas pendientes de pago. Así, en caso contrario, se seguirían demorando, obligando a la mercantil a recurrir a los tribunales, pese a estar la empresa, incide el escrito, «prestando el servicio de forma debida y sin incumplimiento alguno».
En este sentido, el escrito del fiscal expone que Ángel Noguera, pese a contar en repetidas ocasiones con los informes favorables de los técnicos y de la Intervención para abonar las facturas, decidió deliberadamente no firmarlas y guardarlas en un cajón.
Además, el fiscal señala que Noguera sustituyó a los dos primeros técnicos supervisores del contrato por dos personas elegidas directamente por él. Una decisión «ilegítima» que hizo que uno de los relevados incluso pidiera ser relevado de la supervisión del contrato y finalmente coger la baja «por ansiedad».
«No retomaré en ningún caso dicho trabajo hasta que alcaldía no tome las medidas necesarias para amparar mi desempeño profesional, garantizando la no injerencia de personal eventual o contratado en el desarrollo del mismo, ni permitiendo que la Concejalía de Infraestructuras vierta dudas sobre mi profesionalidad», alegó el funcionario cesado.
La empresa denuncia, así, que las dos personas elegidas por Noguera han venido continuando con la obstaculización del pago de las facturas. Incluso, abunda el escrito, uno de ellos dio órdenes «de forma verbal ante su negativa a darlas por escrito» al personal laboral de Zaplana Caselles «indicándoles donde debían ir y que debían realizar, amparándose en instrucciones recibidas por el Concejal y sin autorización de la adjudicataria».
Incluso se aporta grabación de una conversación con el exalcalde, Emilio Bascuñana (PP), en el que reconoce que la labor e intención de Noguera ha sido paralizar, fastidiar y boicotear el contrato y que «la Intervención le ha pedido en varias ocasiones que o firmara las facturas o las rechazara».
La apertura de juicio oral abre un nuevo escenario con Noguera ya fuera de la política activa. El fuera edil del equipo de gobierno en la pasada legislatura no logró revalidar su asiento en el Pleno oriolano. A pesar de la investigación judicial, el líder de los naranjas, José Aix, le colocó en puesto cuarto de su lista. Se quedó a las puertas. La formación liberal solo consiguió tres asientos frente a los cinco que tenía en la legislatura anterior.
La contrata de Zaplana Caselles, mientras, ha continuado sus labores, ahora bajo mandato del equipo de gobierno PP-Vox. El mejor mantenimiento de los viales es una de las principales reclamaciones de los vecinos de la costa. Hasta ahora, el servicio ha afrontado serias dificultades en su desempeño, entre otros motivos, por la falta de materiales alegada en varias ocasiones por la empresa.
En febrero del pasado año, el ejecutivo municipal resolvía en Junta de Gobierno aprobar una primera prórroga del contrato. Posteriormente, el actual concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde (PP), solicitó un informe técnico que informara sobre el grado de cumplimiento del contrato. En el mismo se evidenció que la mercantil carecía de la nave que incluyó dentro de su oferta durante la fase de licitación. Un recurso propio destinado a resguardar los vehículos y a acopiar el material que le valió hacerse con la adjudicación frente a las otras mercantiles que también se presentaron al mismo concurso público.
Como conclusión, el técnico redactor de dicho informe indicaba que procedía imponer sanciones a la mercantil por ese presunto incumplimiento de contrato. Este próximo mes, el actual equipo de gobierno deberá de nuevo pronunciarse sobre si procede o no prorrogar el contrato con Zaplana Caselles. Hasta la fecha el actual ejecutivo no ha sacado licitar de nuevo el servicio.
Sobre esta línea pivota la estrategia de defensa de Noguera. La representación legal del exconcejal señala a este diario lo mismo que cuando el edil investigado acudió a los juzgados a prestar declaración. Noguera defiende que siempre argumentó que no daba su visto bueno al pago de los facturas porque existían a su juicio incumplimientos del contrato. Asimismo, Noguera señaló que los abonos eran finalmente aprobados sin su consentimiento con el visto bueno de sus entonces socios de gobierno del PP.
Noguera, cuando se le ha preguntado, siempre ha enmarcado la denuncia dentro de una supuesta venganza de los populares por la moción de censura en la que los naranjas, de la mano de PSOE y Cambiemos, expulsaron al PP del gobierno en 2022. La citación judicial contra Noguera, de hecho, se dio a conocer a escasas semanas de las elecciones municipales. El propio líder de Cs, José Aix, salió días después en defensa de su compañero de partido una vez la entonces alcaldesa, Carolina Gracia (PSOE), decidió retirarle las competencias sobre Infraestructuras. Asimismo, Aix marcó entonces como línea roja para Noguera la apertura de juicio oral, que recién se acaba de dar.
La defensa de Noguera señala que han recurrido la apertura de juicio oral. Aun así, se muestran confiados de que, si bien no han podido cerrar el caso en la fase de instrucción, sí lo podrán hacer en el juicio, donde aseguran que presentarán pruebas tanto documentales como testificales que probarían a su parecer que Noguera obró tratando de evitar un perjuicio económico al Ayuntamiento al no aprobar el pago de facturas a una empresa que, insisten, había incumplido el contrato. Algo que, señalan, «el actual equipo de gobierno también está defendiendo en un contencioso».
Sin ir más lejos, en el Ayuntamiento ya se han emitido al menos dos informes en los que dos técnicos municipales diferentes dan por acreditado que Zaplana Caselles estaría cometiendo un posible incumplimiento por carecer de una nave para la prestación del servicio. El primero fue emitido por ingeniero que designó el propio Noguera para supervisar el expediente y el otro por un segundo técnico designado por el actual equipo de gobierno PP-Vox, tras la salida de Noguera de la política municipal.
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