El virus de la Corona

Las palabras que rotulan esta colaboración periodística carecen de originalidad, pues una vez más se relaciona la vigente pandemia con la coetánea publicación de los negocios que dañan la imagen de D. Juan Carlos, que afectan seriamente al actual Monarca. El constante gracejo español ya ha acuñado la palabra 'corinavirus', debido a la dama que se encuentra en medio de este huracán.

Felipe VI ha anunciado la renuncia a cuanto pudiese heredar de su padre procedente de los fondos millonarios donados a D. Juan Carlos por su homólogo saudí e ingresados en un opaco paraíso fiscal. Así se ha hecho público, como también la decisión de retirarle su personal asignación anual, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Como ya ha advertido el Gobierno de España, serán los Tribunales de Justicia quienes tratarán con arreglo a Derecho la información al respecto procedente de la Justicia suiza y sus consecuencias para los posibles infractores de nuestro Ordenamiento Jurídico. Pero es oportuno abordar la cuestión desde dos planos bien distintos, el personal y el jurídico o legislativo.

No cabe duda de que el Rey Juan Carlos I ya ha ingresado en la historia de este país y, además, por la puerta grande, pues siempre será considerado como el artífice del advenimiento de la democracia a España, tras varios decenios de presencia de un estado férreamente autárquico, absolutamente discordante con los regímenes de la Europa occidental vigentes durante ese largo periodo de tiempo.

Nuestro anterior Rey ha podido cometer graves infracciones a las leyes, más esto no reduce su dimensión histórica, pues su labor como jefe de Estado ha sido digna de toda alabanza y así se le reconoce dentro y fuera de nuestras fronteras.

Como principales hitos de esa faceta tan positiva cabe destacar el patrocinio decidido de un democrático Estado de Derecho, su defensa en el curso de los acontecimientos de febrero de 1981 y la abdicación en su hijo, cuando su figura empezaba a resentirse seriamente, a lo que ayudó enormemente uno de los último estadistas que ha tenido el país, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Lo que trasciende siempre es la obra de los grandes, porque interesa su sabiduría, su creatividad y sus enseñanzas y no si fueron mejores o peores personas. Así es la vida.

Y respecto al plano legal, la inmunidad penal del Rey está constitucionalmente proclamada y, además, de alcanzarse inferencia sobre los posibles ilícitos de D. Juan Carlos, los mismos se habrían cometido durante su mandato, luego esa prevención o cobertura le sigue protegiendo. No obstante, bueno es que el pueblo soberano conozca la realidad y para ello actuará sin duda nuestra Justicia.

No veo admisible que algunos partidos políticos se ensañen interesadamente con quien reinó en España tantos años, pidiendo desde ya reproches y condenas.

La actitud de Felipe VI es impecable. Seguro que con harto dolor, se ha desvinculado de cuanto el padre pudiera dejarle en herencia y que proceda de esos presuntos negocio turbios. Y, además, le ha privado de los honorarios públicos. No puede hacer más. Y no se diga que es un brindis a la galería porque solo cabía hacer esto al morir el titular de los fondos, pues aunque según nuestro Código Civil cierto es que la renuncia ha de producirse tras dicho deceso, no lo es menos que lo dispuesto ante fedatario público le vinculará cuando llegue ese momento.

Yo tengo un fervor monárquico más bien reducido, pero como Juez Encargado del Registro Civil, seguiré con acatamiento casando a las personas en nombre del Rey, quien basa su cometido constitucional en orientar, templar y ejemplificar a los españoles.