Oposiciones sin polémicas

Si uno echa la vista atrás, resulta difícil recordar unas oposiciones de educación sin cierta polémica. Los aspirantes que concurren no solo se juegan un puesto de trabajo –que no es poco–, sino que también les va en ello abrirse paso en un proyecto de vida en torno a la docencia que, de verse truncado tras años de estudio en muchos casos, puede suscitar todo tipo de quejas y protestas contra los organizadores de las pruebas. Es habitual la interposición de recursos o el intento de impugnación de los exámenes. Pero lo ocurrido en las oposiciones de Secundaria celebradas el pasado 21 de junio pasará a la historia como una de las mayores escabechinas en una oferta pública de empleo en la Región de Murcia y, por lo que cuentan distintos medios de comunicación, también en otras comunidades autónomas que llevaron a cabo la prueba el mismo día.

Tras la primera criba, al menos 300 de las 1.595 plazas de profesor convocadas por la Consejería ya han quedado desiertas, casi el 19% del total, y solo entre el 10% y el 20% de algunas especialidades con un gran déficit de profesorado –Matemáticas, Tecnología y Física y Química– han superado la fase inicial, que es eliminatoria. Y todavía falta conocer los resultados del segundo ejercicio que se lleva a cabo estos días. En resumen, un descalabro que ha puesto en pie de guerra a los opositores descontentos –la gran mayoría interinos– y soliviantado a los sindicatos de enseñanza, que calculan que el 25% de los puestos docentes no se cubrirán, lo que obligará a Educación a seguir tirando de la lista de personal eventual para completar las vacantes estructurales que arrastra de forma reiterada el sistema público de enseñanza desde hace años.

Ante un panorama tan desesperanzador, cabe hacerse varias preguntas: ¿se han enfrentado los opositores de este año a una prueba extremadamente difícil? ¿El examen práctico adolece de concreción, se deja demasiado abierto? ¿Los aspirantes a una plaza en ESO, FP y Escuela de Idiomas suspendidos se han presentado sin haber estudiado lo suficiente, sin la preparación necesaria? ¿Por qué –como denuncian muchos candidatos fallidos– ha habido compañeros formados al mismo nivel en una misma academia y con idénticos temarios que han obtenido notas tremendamente dispares dependiendo del tribunal que les ha tocado? ¿Existen las suficientes garantías para los opositores cuando solicitan la revisión del examen? ¿Hasta qué punto el método de corrección es objetivo? ¿La independencia de los tribunales y la libertad de evaluación, sin pautas científicamente incontestables –por ejemplo, cuestionarios tipo test–, son las más adecuadas para un proceso multitudinario de este calado? ¿Si la tasa de fracaso es tan elevada entre los aspirantes, podemos confiar la educación de nuestros hijos a estos profesionales cuando sean llamados a ocupar una plaza como interinos? Podríamos ampliar esta retahíla de interrogantes hasta aburrirnos y, probablemente, hallaríamos respuestas para todos los gustos y con su parte de razón.

En lo que sí existe consenso, según los expertos y sindicalistas citados por mi compañera Fuensanta Carreres en una esclarecedora información que publicamos hoy en LA VERDAD, es en la necesidad de revisar en profundidad la metodología y los contenidos de las oposiciones de Secundaria, los cuales se remontan a los años 90 del siglo pasado. Numerosos temas se han quedado totalmente obsoletos, advierten los especialistas, y el formato de las pruebas es manifiestamente mejorable. No se trata de rebajar el nivel de exigencia ni de poner en bandeja a los interinos la consecución de la plaza en detrimento de nuevos opositores sin méritos laborales que aportar pero con muchas horas de estudio a sus espaldas. Lo que toca ahora pasa por crear un foro técnico interdisciplinar donde se reflexione acerca de los procedimientos actuales y se pongan sobre la mesa aquellas reformas que permitan establecer un modelo de calidad lo más justo posible. Es el Ministerio de Educación quien debe tomar la iniciativa como institución competente en la materia y constituir una mesa de expertos, con representación de las comunidades autónomas, en la que se debata con criterios técnicos y profesionales una nueva estructura de exámenes que dé certezas y claridad y garantice un proceso lo menos subjetivo posible.

Y no hay que olvidar el compromiso de España con Bruselas de rebajar la tasa de temporalidad pública al 8%. La UE acaba de bloquearnos 626 millones de euros por incumplirlo, pues seguimos instalados en el 30%. Es evidente que el problema existe, pero no parece que el Gobierno esté muy preocupado por resolverlo.

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