Vacunas y responsabilidad

El principio de autonomía del paciente es el esgrimido por los que consideran, desde la ética, que no se puede obligar a una persona a que se vacune. Y siendo cierto, hay que recordar que no es lo mismo hablar de vacunación obligatoria en una situación no epidémica que en un escenario de pandemia.

Pero esto no es exclusivo de las vacunas, la Salud Pública se mueve en el difícil equilibrio entre intereses individuales y colectivos, cuando estos últimos podrían cercenar derechos individuales. Se hacen numerosas normas de obligado cumplimiento para preservar la salud, con la consiguiente protesta de colectivos que consideran que la libertad del individuo está por encima de cualquier obligación. Es evidente que en un ejercicio de responsabilidad individual no sería necesario normas que obliguen, pero es ahí donde radica la dificultad, hay autores que han hablado de la ética de la tercera persona, la toma de decisiones no basada solo en el bien individual.

La obligatoriedad de la vacuna se puede contemplar desde distintos aspectos; hay países como Francia e Italia que tienen calendarios obligatorios de algunas vacunas, otros, como USA o Inglaterra, no obligan a la vacunación de la población, pero para ingresar en las universidades o colegios se debe presentar el certificado de vacunación de determinadas enfermedades. La OMS para viajar a ciertos países exige algunas vacunas como la fiebre amarilla.

En España fueron obligatorias las vacunas de la viruela y la difteria; nadie dudará del efecto beneficioso que tuvo sobre la salud colectiva. Pese a todo, siempre habrá movimientos antivacunas que defenderán su derecho a no vacunarse. Cuando Jenner publicó sus resultados de la inmunización contra la viruela en EE UU ya surgió una sociedad de los antivacunas. Estos movimientos se posicionan muchas veces llevados a equívoco por el éxito de las vacunas: como la enfermedad que se somete a vacunación disminuye hay quien piensa que no son necesarias.

Cuando queramos establecer el debate, de si debemos o no hacer obligatoria una vacuna, habrá que plantearlo según el escenario epidemiológico, social y teniendo en cuenta que todas las vacunas no son iguales. Hay vacunas que solo tienen un beneficio individual, como la del tétanos que solo beneficia al vacunado, pero no interfiere en la circulación del agente infeccioso. En otras, como la del sarampión, cuando un porcentaje de la población ya está vacunada y tiene inmunidad el virus deja de circular, es la inmunidad de rebaño. Esa inmunidad también se adquiere pasando la enfermedad; hasta mitad de 1980, cada tres o cuatro años se producía una gran epidemia de sarampión y dejaba de circular el virus porque no había población susceptible de pasar la enfermedad, y hasta pasados unos años, en que habían nacido un número de niños suficientes, no volvía a haber otra epidemia. Se cortaron esas epidemias cíclicas con la introducción masiva de la vacuna.

Es cierto que si toda la población asume la vacunación Covid en un acto de responsabilidad, el virus no encontraría población susceptible y podría dejar de circular.

¿Podemos hablar de vacunación obligatoria en algún grupo poblacional de la Covid? Es preciso abrir el debate desde la ciencia, la ética y la legislación. La Sociedad Española de Salud Pública, que se posicionó en un informe de 2016, afirmó que «desde la perspectiva de la ética, si entre los propósitos de la vacunación figura la protección a terceros (niños o pacientes para quienes está contraindicada...) la obligatoriedad es justa». Decía también que este mismo criterio había que ponderarlo en la vacunación obligatoria de los profesionales.

¿Hay instrumentos legales que posibiliten en la situación actual hacer obligatoria una vacuna? En el año 2010, cuando el sarampión estaba controlado en España, hubo un gran brote de esa enfermedad en Granada, ya que se habían concentrado en un barrio un gran número de niños no vacunados. Las autoridades sanitarias recurrieron al juez de lo contencioso-administrativo de Granada y dictaminó, al amparo de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública, la obligatoriedad de vacunar a 35 niños a los que sus padres se negaban a vacunar.

No obstante, sigue existiendo la ley 22/1980, de artículo único y difícil de aplicar, en la que se cita que las enfermedades que tengan medios de vacunación podrán ser recomendadas o impuestas.

Pero en esa reflexión ética que plantean algunos, cabría preguntarse ¿Es aceptable éticamente que un profesional sanitario o sociosanitario que trabaja con población vulnerable rechace una vacuna, sabiendo que con distintas variantes se reduce la carga viral y la transmisibilidad?