Lo del tren

Pero no, se ha optado por soluciones drásticas sin más miramientos: desmontar las vías e interrumpir el servicio durante al menos ¡tres años! en que se estiman pueden durar las obras del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería.

Los políticos, como de costumbre, andan tirándose los trastos a la cabeza y echándose la culpa de tamaño despropósito como si el responsable fuera Adif exclusivamente. Adif es un organismo autónomo de carácter técnico que proyecta y ejecuta obras ferroviarias y su obligación es gastarse los presupuestos, y por tanto no es el único responsable.

Responsables son tanto el Estado y sus gobiernos PP y PSOE por permitir que Adif corte las vías, como el Gobierno regional que en más de veintiséis años no ha tenido tiempo ni voluntad para redactar y aprobar planes o directrices de Ordenación Territorial en el ámbito de sus competencias plenas y exclusivas sobre el territorio, donde se establezcan las políticas y trazados de las grandes infraestructuras, entre ellas las ferroviarias.

La falta de planificación territorial y los políticos competentes, son pues, los principales responsables del desatino de la supresión del servicio ferroviario. Desde el mismo día, en el año 2001, en que el expresidente Valcárcel firmó el famoso Pacto de San Esteban, para que el AVE llegara a Murcia y a otras ciudades, se debería haber iniciado el documento de ordenación territorial en el que se estableciera el trazado del AVE y el Corredor Mediterráneo y las reservas de suelo para su implantación, así como la obligación de los PGOU de preservar el suelo necesario para los trazados ferroviarios. Nada de esto se hizo, ni nadie asume responsabilidad alguna. Ahora, eso sí, desvergüenza toda como en el caso del Mar Menor tras cargarse la Ley de Armonización y Usos de Fuentes Zorita.

Puestos a señalar responsables, los ayuntamientos e incluso los ciudadanos no se deberían ir de rositas. Los ayuntamientos tenían la potestad y obligación, y los ciudadanos la exigencia, de establecer en sus PGOU las reservas de suelo de protección ferroviaria para la ampliación, mejora, modernización y trazado de las nuevas redes, y no solo no lo hicieron sino que se resistieron en algunos casos como me consta, porque suponía tener que afectar a propiedades de suelo urbano o urbanizable de potenciales clientes-votantes o intereses inconfesables. Esta fue, por poner un ejemplo, la actitud del Ayuntamiento de Lorca, que se negó expresamente a ampliar la zona de protección y reserva del FFCC a su paso por la ciudad o a establecer un trazado alternativo porque se afectaba a propiedades potencialmente edificables y urbanizables.

Se había previsto una franja de reserva de apenas 12 metros, inferior incluso a lo dispuesto en la legislación ferroviaria, y no hubo forma de que la ampliaran pese a los informes del que suscribe, a la sazón técnico responsable de la DG de Urbanismo. Otro tanto se podría decir de los tramos soterrados a su paso por otras localidades. El PGOU de Murcia planteó trazados alternativos AVE por el norte, por Nueva Condomina y por el sur junto al Reguerón, que fueron rechazados por presiones urbanísticas de todos conocidas.

Adif o RENFE se la debían de tener jurada y cuando ha llegado el momento han jugado sus cartas con el resultado conocido.

Si queríais AVE, Plataforma, además de soluciones soterradas y mantener el servicio, decidme dónde habéis previsto la reserva de suelo necesaria, ¿es posible soterrar el tramo de Barriomar donde existe un estrecho pasillo entre edificaciones de apenas veinte metros, mantener el servicio y encima sin expropiar a nadie? ¿Es que nadie se había dado cuenta de que una solución soterrada era incompatible con el mantenimiento del servicio?

No obstante, no me consta que se hayan estudiado otras alternativas técnicas como podrían ser soluciones sobreelevadas, porque nadie las ha planteado, en unos casos por sus costes y en otros por estética. En cuanto a los costes, tanto económicos como sociales, no soy un experto en la materia, pero habría que ver si sale más cara la solución soterrada o la sobreelevada, porque en este último caso estaríamos ante soluciones más rápidas de ejecutar y menos traumáticas por cuanto se reducen las expropiaciones, así como los efectos colaterales por afectación a caminos, redes de riego y otras infraestructuras.

En resumen, no es de recibo echar las culpas exclusivamente a Adif del desaguisado, porque en cualquiera de los casos las competencias exclusivas en ordenación del territorio, que es el órgano competente en la materia que tratamos, son de la Comunidad Autónoma y su voluntad política, si la hubiera, debería estar por encima de cualquier otra consideración técnico-económica.