Transporte público: una recuperación necesaria

Pero para dimensionar mejor de qué estamos hablando cuando nos referimos al transporte público, sería interesante que supiéramos que en 2019 se movieron a través del urbano y del metropolitano más de 4.000 millones de viajeros en España, que lo hicieron en 12.000 autobuses, 2.500 trenes y tranvías. Ello representó más de 49.000 empleos directos y 45.000 indirectos.

Todo este panorama se quebró con la llegada de la Covid a nuestras vidas. La pandemia supuso un tremendo descenso en el número de usuarios de este tipo de transporte debido a la falta de confianza de los ciudadanos en la seguridad sanitaria de los mismos y conllevó, además, un grave deterioro de la cuenta de resultados de las empresas por un doble motivo: descenso de viajeros en 2020 de casi un 50% e incremento de los costes operacionales relacionados con la limpieza y la prevención. Si a esto le unimos los problemas derivados de la guerra de Ucrania, el mayor coste de la energía y una inflación desbocada, tenemos ya todos los ingredientes para la tormenta perfecta que está descargando sobre este modo de transporte esencial para garantizar la movilidad de tantas personas.

El año 2021 supuso una ligera recuperación en los niveles de utilización de los medios públicos, ya que, respecto a las cifras de 2019, el descenso se situó en un 33%, con las previsiones de cerrar 2022 con una pérdida de viajeros en torno al 18%. Ese es el porcentaje que falta por recuperar.

Desde la patronal que engloba al sector del transporte público en nuestro país se alzan voces que claman contra una situación que consideran muy injusta porque no existe ni una sola evidencia científica de contaminación en los modos de transporte colectivo. Universidades y centros de investigación han determinado que, gracias a las excelentes condiciones de filtrado y aireación, no se producen contagios masivos. Aun así, según fuentes del sector, se produce la paradoja de que este sigue siendo el único lugar no sanitario donde la mascarilla sigue siendo obligatoria, en contraste con los establecimientos de hostelería, discotecas o eventos en locales cerrados con numeroso público en los que no existe tal obligatoriedad.

Ante esta doble situación de falta de confianza de los ciudadanos, por el mensaje subliminal negativo que se transmite al obligar al uso de mascarilla, y la crisis financiera que está atravesando el sector debido a las causas mencionadas, es necesario acelerar determinados factores que podrían adelantar la necesaria vuelta a la normalidad: fin del riesgo sanitario por la mejora de la pandemia, la vuelta a las oficinas por la reducción del teletrabajo, el regreso a las clases presenciales, más frecuencia de paso y mantenimiento de los niveles de limpieza y filtrado del aire, incentivos económicos...

Tomar decisiones clave para asegurar el futuro del transporte público en términos financieros y de empleo, pero también en materia de movilidad sostenible y segura, es el reto que responsables públicos y ciudadanos tenemos por delante. El reciente anuncio del Gobierno de bonificar temporalmente los trenes de cercanías parece que es una medida acertada. Sin embargo, dos decisiones del mismo Gobierno han dejado perplejo al sector: el transporte público urbano ha quedado excluido de la ayuda de 950 euros por vehículo y, lo que parece más inexplicable, las empresas de metro urbano han quedado también apartadas de las ventajas que conlleva en términos de tarifas eléctricas ser declaradas electrointensivas.

Estos son solo algunos ejemplos de iniciativas que ya se están tomando por parte de nuestros socios europeos. Las administraciones públicas españolas parece que también están en esa vía, aunque el sector desearía más determinación y rapidez por el bien de todos, empresas y usuarios. Esperemos que ese sea el camino.