La idea de un Estado del Bienestar —esto es, un conjunto de servicios públicos amplios (sanidad, educación, vivienda...) que garantizan un nivel mínimo de bienandanza ... para toda la población— ha sido uno de los pilares del modelo socioeconómico de las sociedades europeas. Durante años se ha repetido que el Estado del Bienestar en la Región de Murcia está «blindado». La frase suena bien, pero los datos y la experiencia cotidiana cuentan otra historia: la de un modelo que se desgasta, silenciosamente, mientras crecen las desigualdades y la precariedad, tal y como informó este periódico recientemente.
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Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), el 32,4 % de los murcianos vive hoy en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, uno de cada tres vecinos. Y aunque se presuma de cifras de empleo, el trabajo no siempre significa estabilidad: el paro ronda aún el 13 %, y buena parte del empleo se concentra en sectores estacionales, mal pagados o con jornadas parciales. Tener trabajo ya no garantiza vivir con dignidad.
El Gobierno regional destina más del 80 % de su presupuesto a sanidad, educación y servicios sociales. Es cierto. Pero la realidad es que Murcia sigue siendo una de las comunidades peor financiadas del país: recibe unos 740 euros menos por habitante de lo necesario para cubrir servicios básicos. Esa infrafinanciación estructural se traduce en servicios sociales que apenas logran contener la exclusión.
Las organizaciones del Tercer Sector lo saben bien. Cáritas atendió en 2024 a más de 83.000 personas, casi las mismas que el año anterior. No es un repunte coyuntural: es la constatación de que la pobreza se hace crónica.
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Mientras tanto, el discurso político sigue hablando de «reforzar el bienestar» como si bastara con repetirlo para hacerlo realidad. Pero los números no mienten. Murcia combina tres males que se retroalimentan: infrafinanciación, modelo productivo vulnerable y desigualdad persistente. El verdadero blindaje no está en los eslóganes, sino en mejorar el acceso a los servicios públicos. El común ciudadano sabe que hay un paulatino deterioro. Con las citas médicas o las ayudas a la dependencia, por ejemplo.
Si no se corrige ese rumbo, el bienestar dejará de ser un derecho para convertirse en un privilegio.
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