Una solución política mala y otra mejor
La coalición política del PSOE y Unidas Podemos con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya es una solución mala. El programa electoral de Podemos establece de modo concreto en su medida 281 que «la gestión viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España». Esta propuesta es anticonstitucional en la medida que atribuye a Cataluña el derecho de autodeterminación rechazado de modo expreso por la Constitución de 1978 y, en consecuencia, al no proponer la reforma de la Carta Magna en esta cuestión sino su directa vulneración está defendiendo la ruptura constitucional. Más aún, Podemos, al adelantar en su medida 157 su pensamiento para «reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de un sistema de elección directa por la ciudadanía», está situándose al margen de la separación de poderes, consustancial del Estado de Derecho e institucionalizado en nuestra propia Constitución. De este modo, su modelo de Estado prescinde de dicha separación de poderes en la medida que será la propia ciudadanía quien elija a través de los partidos políticos tanto al poder legislativo, como al ejecutivo y al judicial.
Esquerra Republicana de Catalunya es un partido político centenario que siempre ha establecido como sus dos reivindicaciones capitales la independencia de España y su condición republicana. Ahora, en los últimos comicios generales, adjunta otra reivindicación más ante la sentencia condenatoria de sus líderes políticos por el Tribunal Supremo: la amnistía de estos. En consecuencia, reitera por escrito en la página 8 de su programa electoral de estas últimas elecciones al Congreso y al Senado que: «l'única opció possible passa por la llibertat, l'autodeterminació i la independència {...} la República Catalana és l'única alternativa per superar el règim del 78».
Esta posición anticonstitucional del nacionalismo catalán hay que completarla con el soporte ideológico de su supremacía racial sobre la raza castellana o española. En efecto, el politólogo catalán Valentí Almirall (1841-1904), en su libro 'Lo catalanisme', reconoce no solo la superioridad de la raza catalana sobre la castellana sino que la decadencia actual de la raza catalana es debida a la dominación plurisecular por la raza castellana. Y Pere Màrtir i Vilar (1982-1933), veterinario Director del Parque Zoológico de Barcelona y Diputado por Esquerra en el Parlamento catalán de la II República, destaca en su principal libro, 'La Raça', que solo la raza puede constituir la nación y en consecuencia Cataluña es una nación.
El fenómeno de la variedad y diversidad social es propio de las sociedades europeas desde hace ya varias décadas. Excluida Francia por régimen político semipresidencial, los demás Estados occidentales de la Unión Europea son gobernados mayoritariamente por coaliciones políticas y de modo minoritario por una fuerza política mayoritaria con acuerdos puntuales de legislatura con otra minoritaria. Cito los casos de coalición partidista de mayor relevancia: Italia es un ejemplo de Gobiernos de coalición con partidos políticos tan enfrentados a veces que ha recurrido a un presidente del Gobierno ajeno a ambas formaciones políticas. Y Holanda ejemplifica posiblemente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Gobiernos de coalición que suelen agrupar a varios partidos políticos en sus sucesivos Gobiernos.
Alemania es el paradigma: hasta cuatro grandes coaliciones se han realizado en Alemania y debe destacarse que la mujer calificada como la más poderosa del mundo, la canciller Merkel, ha gobernado siempre en coalición, una con el Partido Democrático Liberal -FDP- y las otras tres de ellas en una gran coalición con el Partido Socialdemócrata. El liderazgo de esta mujer ha estado basado en su sentido de la responsabilidad hacia su país y de este modo la política alemana ha sido unitaria y dirigida por estas dos fuerzas políticas, con una presencia en el Gabinete proporcional a su número de parlamentarios.
La tarea legislativa inmediata y necesaria tendría los obligados y necesarios desafíos legislativos siguientes: aprobar una Ley de Presupuestos Generales del Estado que sustituya a la de 2018 a fin de que ubique las correspondientes partidas de gasto e ingresos; elaborar una Ley de financiación autonómica con criterios realistas y sin privilegios a las Comunidades representadas en el Congreso de los Diputados; reformar la enfrentada y recurrida ante el Tribunal Constitucional Ley Orgánica 4/2015 de Protección Ciudadana, denominada Ley Mordaza; regular de modo conjunto las Leyes Orgánicas de Universidades y de Educación, a fin de disponer de textos legales para quince o veinte años; enfrentarse a una nueva Ley General de la Seguridad Social que ofrezca una regulación completa de los regímenes generales y especiales de la Seguridad Social, y desde luego que se enfrente a la financiación de las pensiones en España. Esta tarea legislativa tendría un alcance histórico duradero y consensuado que posibilitaría un futuro cierto y seguro frente a los textos hemipléjicos y cambiantes vigentes. Y, sobre todo, solo este Gobierno de coalición podría enfrentarse a la necesaria reforma de la Constitución.
