Servicios sociales: ¿soluciones o ruedas de prensa?
La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia debería ser estratégica para cualquier gobierno regional, porque gestiona asuntos que interesan e importan ... a la gente. No es necesario mencionar lo que establece la Constitución, ni que el estado de bienestar se configurara a partir de la II Guerra Mundial, no tanto para una España sometida entonces a una dictadura contraria a todos los valores surgidos de las cenizas de la Europa de posguerra, como un punto de encuentro entre la igualdad y la libertad. Habrá personas a las que no les guste la caracterización política, económica y social de aquel periodo desarrollada por la historiografía española actual. No importa, desde esta atalaya recomendamos 'Postguerra: una historia de Europa desde 1945', de Tony Judt.
Hablamos de los servicios sociales, de ese cuarto pilar sobre el que se asienta el estado de bienestar, de ese espíritu del 45 del que nos habla el cineasta Ken Loach. Hablamos de hechos, no de marketing y continuas ruedas de prensa vacías de contenidos, y de una orientación política y estratégica definida.
Las ruedas de prensa son necesarias. Es una obligación ética, y una exigencia democrática, del poder político dar cuenta a la ciudadanía de sus actuaciones. La puesta en escena puede ser tradicional o creativa, pero debe dar trigo y no ser una cortina de humo para esconder que todo es paja.
Las preguntas sin respuesta, no obstante, se acumulan y parece que la gestión de los servicios sociales en nuestra Región asemeja al llano arrasado por las llamas que impide el surgimiento de cualquier brote verde.
Porque, nos preguntamos, ¿para qué sirven las leyes, los reglamentos, los plazos reglados para el reconocimiento de derechos subjetivos?, ¿para qué sirve el legislador si lo que acuerdan es ignorado por el Gobierno regional?
Las preguntas invitan a más preguntas: ¿por qué se tarda más de un año en resolver el reconocimiento de la dependencia si los plazos están negro sobre blanco en la ley?, ¿por qué en junio de 2022 se están resolviendo los reconocimientos de la discapacidad solicitados en abril de 2021?, ¿a dónde han ido a parar los fondos extraordinarios de la dependencia sino para rebajar la aportación de la Comunidad Autónoma a la misma?
Preguntar por preguntar... En realidad, nunca hay respuestas sino ruedas de prensa.
Y las preguntas se suceden aunque el silencio sea una mancha negra que esconde lo que se quiere que no sea transparente: tenemos una magnífica Ley Regional de Servicios Sociales con un significativo reconocimiento y ampliación de derechos subjetivos en materia de servicios sociales, pero ¿qué se está haciendo para su puesta en marcha?, ¿qué previsión hay de fondos propios para sacar a la Región de Murcia de los últimos puestos en la calidad de los servicios sociales de España, mejorando la atención a las familias con más necesidades?; ¿dónde se encuentran esos fondos? Alguna pista sí podemos dar: no se han incrementado los fondos propios de la CARM que estaban previstos en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que acompañaba a la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Pero es que, además, nos estamos arriesgando a tener que devolver créditos incluidos en los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Hay dudas sobre los mismos que llevan más de ocho meses sin resolverse. Nuevas preguntas: ¿es imputable el IVA a los proyectos financiados por los fondos? Si no es un gasto elegible, ¿va a proveer de fondos la CARM para el pago del IVA? Se está jugando con el fuego de la indeterminación sin tomar ninguna decisión, los plazos corren y tenemos el riesgo de perder oportunidades por incapacidad de tomar decisiones. En realidad, tales indecisiones las sufrirán las personas más necesitadas de nuestra Región, aquellas a las que van dirigidas las políticas sociales de cualquier Estado democrático y social de derecho.
Por último, una referencia al personal de la Consejería. Nunca se podrá alabar lo suficiente que tan pocos empleados y empleadas públicas, profesionales volcados en los servicios sociales, en el reconocimiento de derechos subjetivos de la ciudadanía, comprometidos con la ley y con su aplicación, intenten hacer tanto por las personas beneficiarias de su actuación. Por el contrario, desde las instancias de gobierno se les responde con la merma de plantillas, con la ignorancia de su labor y con una dirección política inexistente que se parece más que nada a un pollo sin cabeza.
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