Viviendas asequibles, pero también accesibles
Esta semana se anunciaba por parte del Gobierno regional un decreto ley para la promoción de viviendas asequibles, sobre todo pensando en los jóvenes de ... la Región de Murcia, que a día de hoy tienen muy difícil el acceso a las mismas debido a una realidad insostenible, la exclusión residencial que afecta no solo a la población joven, sino a otros perfiles que deben ser tenidos en consideración. Es necesario que la promoción de viviendas asequibles alcance a las diferentes realidades y también habría que poner el acento en que además sean 'accesibles'.
Murcia se enfrenta a un gran reto de accesibilidad en su parque de viviendas. A pesar de los avances normativos y de las ayudas disponibles, muchas personas con discapacidad y mayores siguen sin poder entrar y salir de sus casas con autonomía. En muchos casos, dependen de familiares o cuidadores para algo tan básico como salir a la calle, lo que genera aislamiento y limita su calidad de vida. Hablamos de derechos humanos, no de lujo, sino de dignidad. Nadie debería quedarse sin poder salir de su casa por falta de un ascensor o por un escalón en el portal.
En la Región de Murcia existen 389.965 edificios destinados a viviendas, según datos oficiales. Sin embargo, un 87% de ellos necesita reformas para eliminar barreras arquitectónicas. Esto incluye desde la instalación de ascensores hasta la adaptación de portales, puertas y pasillos.
Uno de los problemas más urgentes es la ausencia de ascensores en los edificios más antiguos. Se calcula que 75.000 viviendas murcianas están en bloques de tres o más plantas sin este servicio, lo que supone una barrera insalvable para personas mayores o con discapacidad.
La situación afecta de manera grave a la población mayor. Según datos recientes, el 37% de los mayores de 75 años en Murcia tiene dificultades para acceder desde la calle a su vivienda, ya sea por la falta de ascensor, la presencia de escaleras o ambas cosas. El problema no es solo arquitectónico, también económico. Adaptar un edificio para hacerlo accesible requiere inversiones importantes. En la Región de Murcia, el coste medio por hogar para realizar estas mejoras se estima en 2.411 euros, aunque la cifra puede ser mucho mayor si se necesita instalar un ascensor, que suele superar los 40.000 euros. Para comunidades con pocos vecinos, asumir estas cantidades resulta complicado.
No se trata solo de construir viviendas nuevas accesibles, sino de adaptar el parque existente
En marzo de 2025 entró en vigor el decreto 177/2024, el nuevo Reglamento de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia. Esta norma establece criterios técnicos para garantizar la accesibilidad en edificios, transporte y servicios públicos. Aunque se considera un avance, todavía queda mucho por hacer. La ley es positiva, pero no se trata solo de construir viviendas nuevas accesibles, sino de adaptar el parque existente. La mayoría de los edificios fueron construidos antes de que existieran estas normativas y presentan barreras muy difíciles de eliminar.
La falta de accesibilidad tiene consecuencias sociales profundas. En Murcia, hay personas mayores y con discapacidad que no pueden salir nunca solas de sus viviendas. Este confinamiento forzado afecta a su bienestar emocional, aumenta su dependencia de terceros e incrementa la probabilidad de institucionalización prematura.
Si las viviendas no están adaptadas, muchas personas terminan en residencias antes de tiempo, cuando podrían seguir viviendo en su casa si tuvieran un entorno accesible, con el consiguiente gasto público que ello conlleva.
El problema de la falta de accesibilidad en la vivienda no se resuelve únicamente con instalar ascensores o eliminar escalones. Requiere una estrategia global que combine reformas legales, recursos económicos y un cambio de mentalidad en la sociedad.
Las entidades sociales hemos identificado una serie de retos que deben abordarse de forma urgente para garantizar el derecho a la autonomía personal. Uno de los puntos más críticos es la legislación actual, que en muchos casos deja en manos de las comunidades de vecinos la decisión de realizar obras de accesibilidad. Esto provoca situaciones injustas: si la mayoría no aprueba la inversión, la persona con discapacidad puede quedar confinada en su propia casa. Las asociaciones piden una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que obligue a realizar estas obras cuando exista necesidad acreditada, sin depender de votaciones internas.
La financiación es otro gran obstáculo. Aunque la Comunidad Autónoma ofrece subvenciones que pueden cubrir entre el 60% y el 100% del coste de las obras, el proceso es complejo y las ayudas no siempre llegan a tiempo. Las entidades reclamamos un sistema más ágil y directo, que facilite la ejecución inmediata de las reformas y evite que los hogares se vean atrapados en la burocracia.
La concienciación social es clave. Muchos vecinos perciben las obras de accesibilidad como un gasto que solo beneficia a unos pocos, sin entender que se trata de una mejora que aporta valor a todo el edificio y a la comunidad. La sensibilización ciudadana resulta fundamental para promover la cooperación y la solidaridad, recordando que la discapacidad puede afectar a cualquiera en algún momento de la vida.
Por otra parte, existe la necesidad de garantizar que la vivienda nueva se diseñe pensando en la accesibilidad desde el inicio. Aunque el reciente Reglamento de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia ha introducido mejoras, aún se construyen edificios con deficiencias que obligan a futuras reformas.
Un desafío urgente se concentra en los barrios antiguos y zonas rurales, donde la mayoría de los edificios fueron construidos sin ascensor y presentan graves barreras arquitectónicas. Estas áreas requieren planes específicos, con ayudas reforzadas y soluciones técnicas adaptadas a cada caso, dado que las características estructurales suelen complicar las reformas.
La accesibilidad en la vivienda no puede seguir siendo un tema secundario. Resolver este problema implica garantizar derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de miles de personas en la Región de Murcia. Sin cambios legislativos, financiación adecuada, sensibilización y planificación urbanística, muchas personas seguirán viviendo prisioneras en sus propios hogares.
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