Las reglas del juego

El problema está en que para lograr eso no basta con la voluntad, hace falta que las instituciones que gobiernan un país sean adecuadas. En palabras de Acemoglu y Robinson, en su fantástico libro 'Por qué fracasan los países', unas instituciones que animen a innovar, a asumir riesgos, a encontrar mejores formas de hacer las cosas, a educarse, a resolver problemas colectivos y a producir bienes públicos. Cuanto mejores son las instituciones, más próspero es un país y menos desigualdad hay entre sus habitantes.

¿Y cómo han de ser esas instituciones para que animen a lograr todo esas cosas? Pues el Banco Mundial hace una buena aproximación, porque desde 1994 evalúa la calidad de las instituciones de todos los países del mundo a partir de treinta fuentes que recogen las impresiones de expertos, instituciones, empresas y ciudadanos en general.

Con esa información, el Banco Mundial fija seis criterios para ver en qué medida las instituciones de cada país promueven el bienestar y el interés común: el modo en que los ciudadanos eligen a sus gobernantes y el grado de libertad de expresión; la estabilidad política y la ausencia de violencia; la eficacia del gobierno y su capacidad de resistir las presiones de los grupos de interés; la eficacia de la regulación a la hora de promover el crecimiento; el respeto de la ley y el cumplimiento de contratos; y el control de la corrupción. A todo eso le pone números y calcula el 'índice de gobernanza', que aproxima la calidad institucional. Seguro que es un cálculo imperfecto, pero es una buena referencia, a la que no siempre los gobiernos prestan la atención que merece, a veces por una razón de peso: las buenas instituciones crean prosperidad para la mayoría, pero también cambian la distribución de la renta. Resolver ese conflicto de interés no es fácil.

¿Cómo estamos en España? Bueno, la calidad de las instituciones en España es la de un país avanzado, sí, pero está claramente por detrás de la de Alemania, Francia o el conjunto de países más desarrollados, sobre todo en tres aspectos: la calidad de la regulación, el respeto a la ley y el control de la corrupción. Factores, todos ellos, que dificultan la competencia y la igualdad de oportunidades, generan incertidumbre, reducen la rentabilidad, la inversión y la innovación, y desvían recursos hacia actividades improductivas.

Bien mirado, este retraso tiene un lado positivo: si mejoramos a fondo nuestras instituciones aumentará nuestro nivel de vida. Y mucho. En su informe 'Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España', Francisco Alcalá y Fernando Jiménez evalúan distintos estudios que cuantifican los costes económicos de unas instituciones deficientes. La conclusión para España –con matices– es que si mejoráramos nuestras instituciones hasta el estándar de los países de nuestro entorno, la renta per cápita española subiría en quince años nada menos que un 20%.

Esas reformas institucionales a veces tienen que ver con la adaptación a cambios de cualquier índole, como el impacto de la tecnología en la distribución de la renta, la competencia, la educación y la formación. O con el modo de incentivar de manera eficaz la transición energética. O con la eficacia de la función pública en un mundo que ha cambiado.

Otras veces tiene que ver con aspectos que nunca han acabado de funcionar bien, que abarcan aspectos que van del mercado laboral a la dotación de recursos a la justicia, pasando por el exceso de regulación, la falta de nitidez en la distribución de competencias entre las administraciones públicas, la independencia de las agencias reguladoras o la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones.

Y la calidad de las instituciones tiene que ver también con la propia confianza que despiertan entre los ciudadanos, que dependen de cosas como el respeto a los controles y contrapesos que equilibran el poder de los distintos órganos o el mutuo reconocimiento que se guarden entre ellos. Todo eso genera confianza y automáticamente prosperidad.

La cuestión es si podemos lograrlo. No lo conseguimos la última década. El Banco Mundial dice que nuestras instituciones no son mejores, en algunos casos incluso han empeorado. Reformar exige determinación, cooperación, acuerdos con bases amplias. Las reglas del juego, para ser aceptadas y duraderas, no pueden fijarse solo por una parte de la comunidad. Es difícil cuando las posiciones están alejadas, pero merece la pena. Si los cálculos son buenos, lograr unas instituciones de primera tendría un efecto sobre el bienestar en España semejante a cinco acuerdos de fondos europeos. Y si estos nos ponen las orejas tiesas, ¡cómo íbamos a estar con los frutos de una buena gobernanza!