Recuperar la estima y el consenso

El desencuentro en los asuntos de Estado después de las últimas elecciones de noviembre de 2019, especialmente entre los constitucionalistas, aliándose el partido ganador con los que manifiestan querer acabar con el sistema constitucional de 1978 y la aparición en diciembre siguiente en China del sufrido frente sanitario por culpa del coronavirus (Covid-19), que están produciendo estragos en las economías así como en la salud de los ciudadanos, requieren algún comentario crítico y posibilidad de mejora.

Se viene poniendo en duda la altura profesional y humana de los líderes políticos, formados en las filas de los partidos y sin contacto con el mundo del trabajo, con escaso nivel de conocimientos, fenómeno que no es exclusivo de España, pasando el protagonismo dirigente a las segundas filas o juventudes de los partidos, como ha sucedido en nuestro país, faltos de experiencia para ofrecer soluciones estables a los retos actuales, de lo que es una consecuencia el extendido fenómeno de los asesores políticos o áulicos.

El todo vale, o el fin justifica los medios, la pérdida de principios que sirven de pauta para las conductas, el desprecio o la ofensa «los hijos no pertenecen a los padres» –cuando por ley tienen que serlo por naturaleza o adopción–, la extendida corrupción, el «y tú más» –como baldío argumento– conforman en suma sociedades que practican más el enfrentamiento y la descalificación que la concordia o entendimiento, y encima apoyados en una verdad absoluta, la suya, como rezan los versos de Machado, «tu verdad no, la verdad. Vamos juntos a buscarla. La tuya guárdatela». No hay autocrítica. Como mucho se dice que «todos han cometido errores», como está sucediendo en la crisis del coronavirus. En la misma hay que valorar los diarios aplausos vespertinos de los confinados ciudadanos a los trabajadores de la sanidad y demás servicios. Ejemplo a tener muy en cuenta.

En el terreno jurídico-político se ha pasado de la aplicación moderada del ordenamiento jurídico a los responsables del referéndum catalán, sancionados por el poder judicial con la prisión preventiva y con penas de sedición, a la aplicación garantista del 100.2 del RP, solo a seis meses de las sanciones. Alardeando sus protagonistas de «repetir el referéndum» y de emponzoñar la convivencia. Asumiendo el Gobierno el cambio de política e incumpliendo compromisos electorales, como preconizaba Tierno Galván, en búsqueda de una salida dialogada. Para lo cual se crea estratégicamente una mesa de diálogo, sin ninguna base legal, compuesta por dieciséis miembros en paridad de Gobiernos, dos de ellos sin amparo judicial, y todos entre sí a ver a quién se engaña o quién consigue más, en cuyo bloque anidan los prejuicios, el resentimiento político, la puesta en valor de la Monarquía, la complacencia con la extrema izquierda y los independentistas y la reforma constitucional con modelos territoriales impostados. Lo que complica la vida política y la paz social. Y conlleva a la sociedad a desconfiar de sus representantes y a hacerse egoísta y menos solidaria, con el consiguiente desequilibrio de convivencia.

Siendo imprescindible, en el planteamiento de las dos situaciones, una respuesta común y solidaria a las que todos debiéramos unirnos. En cuanto a la política, con sentido de Estado: volver a la reconciliación que presidió la Transición y logró una Constitución de concordia, como decía Alzaga, apartando los enfrentamientos y abrazando el consenso político, y acudiendo a la reforma de la Constitución, en el procedimiento previsto en el artículo 168, para el Título Preliminar, con las mayorías cualificadas de ambas Cámaras y demás requisitos, incluido el referéndum de los ciudadanos, en el que se aborde, entre otros, el problema catalán en las opciones constitucionales, se recupere y acredite la propia estima, y dentro de nuestra Carta Magna se sigan los pasos con la ley en la mano, como se hizo con el proceso de reforma política, 'de ley a ley', evitando declaraciones inapropiadas con el tercer poder del Estado, como la «desjudicialización», cuando ha habido un juicio justo, o que «la ley no basta», cuando gracias a ella coexisten los antisistema y el Ordenamiento Jurídico, ni que «es –ahora– un problema político», lo que los tribunales han considerado como delito. Llevando el proceso por vía del Parlamento y no por una mesa de conveniencia. Este camino sería el más apropiado para la solución democrática y legal del problema y de aceptación general.

En cuanto a la crisis sanitaria, es urgente y prioritario salvar vidas humanas y máxime si puede alcanzar al 60 o el 70% de la población, como una plaga bíblica, tomando todas las medidas necesarias, por dolorosas o restrictivas que sean. Con sensatez los representantes de los partidos políticos se han hecho una piña, con matices, con el Gobierno para las soluciones sanitarias, paradójicamente centralizadas por vía de excepción, como la falta de material clínico en los hospitales, dejando para otro momento debatir los errores o aciertos de las decisiones con retraso. Sin olvidarse de mirar hacia más arriba.

Intentando lograr que ambos problemas encuentren solución o mejora en el clima de entendimiento que nos hizo ser reconocidos mundialmente en otro tiempo como un ejemplo. Y porque, como certeramente afirmaba el anterior delegado del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, en su artículo de despedida en este periódico, «la política debe estar- al servicio de las personas... para solucionar los problemas de la gente... sin que nadie quede atrás». Si alcanzamos estos logros después tendremos una sociedad más sana, cívica y constructiva.