Problemas del Gobierno de coalición PSOE-UP
El primer problema del Gobierno de coalición del PSOE y del Grupo confederal Unidas Podemos se encuentra en su desmesurada composición numérica ministerial y de vicepresidencias: frente a los 17 ministros del primer Gobierno del presidente Sánchez, el actual es de 22 y ante una vicepresidenta el nuevo se compone de cuatro vicepresidentes. Ambos aumentos se han producido para minimizar la presencia en el Ejecutivo del grupo confederal coaligado, pues solo esta razón explica las diferencias señaladas de ambos Gobiernos del mismo presidente. Estos aumentos de los ministros y de los vicepresidentes no solo suponen un mayor gasto público, sino una acusada dificultad para lograr la necesaria unidad de acción política del Ejecutivo del Estado.
El segundo y más grave obstáculo del que adolece este segundo Gobierno de Pedro Sánchez es su flagrante debilidad. En efecto, la confianza política de la investidura de este solo se logró en segunda convocatoria parlamentaria por dos votos de diferencia, sumando a los votos afirmativos los del independentista Partido Nacionalista Vasco y las abstenciones de los asimismo independentistas Esquerra Republicana y Bildu. Y el resultado final es que en rigor este Gobierno de coalición solo cuenta con el respaldo asegurado de 162 escaños de los 176 exigidos de la mayoría absoluta para aprobar las leyes orgánicas. Ante esta situación, cada texto legal deberá ser negociado previamente con los partidos independentistas que, a cambio, demandarán su fortalecimiento institucional frente a la Administración del Estado. Pero, y sobre todo, detrás de este cambalache se encuentran los peligros reales para la propia salvaguardia y garantía de la Constitución. Y lo es porque tanto Unidas-Podemos como los partidos nacionalistas defienden el derecho de la autodeterminación de las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco, prohibido en todos los Estados europeos. A esta reivindicación hay que adjuntar, como así figura en los programas electorales de los partidos nacionalistas catalanes, tanto la amnistía de los presos condenados por el Tribunal Supremo como la superación del sistema constitucional que ellos denominan simplemente 'el régimen del 78'.
El Gobierno del presidente Sánchez, sabedor de que su propia sobrevivencia depende de estas fuerzas políticas anticonstitucionales, irá preparando las instituciones del Estado, como la Fiscalía General y las cúpulas de la Guardia Civil y Policía a fin de que estas se encuentren ocupadas por personas acólitas del Gobierno y, en consecuencia, apoyen sumisas sus contubernios de progresiva erosión de la Carta Magna.
Frente a este camino anunciado de progresiva destrucción del Estado de Derecho, hay que propugnar la formación de un Gobierno constitucional de coalición. Las fuerzas constitucionalistas son muy superiores a las independentistas. Es preciso curar esta enfermedad crónica, dañina y estúpida enfrentada entre el PSOE y PP.
El Gobierno constitucional de coalición que defendemos como necesario y posible está formado por los Partidos Socialista y Popular, y Navarra Suma, integrada por Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y Ciudadanos. La cifra conjunta de sus diputados es de 230: 129 del PSOE, 99 del PP y 2 de Navarra Suma. Todos ellos son constitucionalistas y disponen de una mayoría absoluta muy holgada para constituir un Gobierno estable para toda una legislatura de cuatro años.
La exigencia de un Gobierno estable con mayoría absoluta parlamentaria es la regla del sistema parlamentario en Europa: cuando el Reino Unido contabiliza la mayoría absoluta en el Parlamento para legislar no necesita a otros partidos políticos para gobernar. Sin embargo, los Países Bajos en la búsqueda de la estabilidad gubernamental tienen un Gobierno integrado con cuatro formaciones políticas; Austria lo ha hecho con el partido conservador, vencedor de las elecciones, y el de los verdes; el Gobierno italiano está integrado por dos formaciones políticas capaces de proporcionar la necesaria estabilidad: el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata, presidido por el apartidista primer ministro Giuseppe Conte; y Alemania ofrece la tercera gran coalición de la canciller Angela Merkel entre el Partido conservador -CDU- y el Partido socialdemócrata -SPD-. La regla de oro de estos Estados es formar Ejecutivos estables capaces de legislar.
El Gobierno constitucional propuesto ofrece el número suficiente de diputados para legislar. Ellos pueden enfrentarse y superar los desafíos legislativos tan urgentes como necesarios siguientes: aprobar una Ley de Presupuestos Generales del Estado que sustituya a la de 2018; elaborar una ley de financiación autonómica con criterios realistas y sin privilegios a las comunidades representadas en el Congreso de los Diputados; regular de modo conjunto las leyes orgánicas de Universidades y de Educación, a fin de disponer de textos legales para quince o veinte años; enfrentarse a una nueva Ley General de la Seguridad Social que ofrezca una regulación completa de los regímenes generales y especiales de la Seguridad Social, y desde luego que se enfrente a la financiación de las pensiones en España. Esta tarea legislativa tendría un alcance histórico duradero y consensuado que posibilitará un futuro cierto y seguro. Y, sobre todo, este Gobierno de coalición podría superar el desafío independentista e, incluso, acometer la necesaria reforma de la Constitución.
