Prioridades

De este modo, me gustaría poder empezar este artículo dando las gracias a todas las personas e instituciones que se implican en la lucha contra la violencia sobre las mujeres en la Región de Murcia; Reconociendo el esfuerzo de quienes con su buen hacer profesional, aunando conocimiento, experiencia, voluntad e ingenio, se implican en rescatar a las víctimas de la esfera de poder del agresor, utilizando los medios limitados que nos proporciona nuestro Estado de Derecho, es decir, actuando con escrupuloso respeto a la presunción de inocencia, el 'in dubio pro reo', la carga de la prueba, la naturaleza 'semiprivada' de los delitos, la tipificación penal, la protección de datos, la prescripción de acciones, la dispensa de la obligación de declarar, las circunstancias atenuantes... en fin, todos los mecanismos que se han articulado desde hace siglos para limitar el poder sancionador del Estado.

Sin embargo, la terrible realidad se impone. El dato es demasiado dramático para ocupar un segundo plano: al menos nueve mujeres y un menor han perdido la vida en el mes transcurrido desde el levantamiento del estado de alarma. Once vidas que se suman a las nueve truncadas desde el 1 de enero hasta el 9 de mayo. Con todo, el número de víctimas mortales confirmadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha descendido respecto a la misma fecha del año 2020.

Sorprende saber que habrá quienes no consideren víctimas de la violencia de género a seis de las mujeres y a uno de los menores, ya que no habrá sentencia condenatoria, puesto que los (presuntos) autores se han sustraído de forma definitiva a la acción de los tribunales. Para estas víctimas no hubo libertad, no hubo igualdad y no habrá justicia.

Las circunstancias de cada caso son únicas y es difícil extraer conclusiones 'universales' que nos permitan anticiparnos a un ataque, especialmente si el autor tiene la determinación de que sea mortal.

A pesar de ello, es una prioridad afinar los protocolos y actuaciones para cumplir el objetivo que la sociedad fijó en el año 2004, con la aprobación de la L.O. 1/2004, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: erradicar la violencia de género.

El reto es enorme. Hasta dicha ley, la intervención pública se centraba en actuar a posteriori, sancionando al agresor una vez que la autoridad judicial daba por cierta la comisión y autoría del delito. De este modo, la actuación se limitaba a enjuiciar al presunto autor tantas veces como agresiones y procesos judiciales pudiera la víctima soportar. Paradójicamente, el proceso descansaba sobre la declaración de quien estaba dispensada de declarar contra el enjuiciado, obviando la dificultad que entraña pleitear contra la 'herencia' emocional y económica de sus descendientes. Máxime, si la biología y las leyes te imponen el coste laboral y económico de gestación y lactancia.

En el año 2004 se produjo en España un cambio en el criterio de intervención, al poner el foco en la protección de las víctimas, con independencia del desarrollo de un proceso penal frente al agresor. Esta protección integral ha obligado a las instituciones a un importante proceso de adaptación, cambiando la dinámica de actuación, estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración. En esta línea, la atención a las víctimas de violencia de género tiene carácter preferente para cualquier institución y en cualquier ámbito, en consonancia con la naturaleza de los derechos fundamentales protegidos. Por otra parte, el reconocimiento de la condición de víctima se atribuyó no solo a las mujeres que sufren de manera directa la agresión, sino también a las/os menores que crecen en un clima de violencia, miedo, impotencia y sufrimiento.

El compromiso de la sociedad con la protección de las víctimas se plasmó en la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, actualmente en ejecución, que ha cohesionado la actuación individual de las distintas administraciones públicas, confluyendo en un conjunto de medidas que, además, cuentan con financiación específica para su ejecución.

Es indudable que queda mucho camino por recorrer. Las vidas de quienes ya no pueden defenderse ni expresarse así lo atestiguan. En su memoria, seguimos trabajando para hacer justicia.