Legal sí, ¿y moral?

En un Estado de derecho normal y corriente, en uno de esos en los que los terroristas están en prisión y no son el principal socio de gobierno del presidente en ejercicio, todo lo que no está prohibido está permitido. Es el principio básico de la libertad: sólo debe ser punible aquello que atente contra el orden público en sus múltiples facetas, incluyendo por supuesto la libertad individual de los que componen la sociedad en concreto. Es el motivo por el que el adulterio puede ser moralmente reprobable, pero desde luego no es judicialmente punible. Ocurre lo mismo con la mentira: es muy malo mentir, pero nadie se enfrenta a un juicio ni va a la cárcel por ello.

Con las mociones de censura ocurre lo mismo: son legales y por supuesto sus consecuencias están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, pero no por ello son necesariamente positivas. Hay algunas que sí: cuando hay un caso flagrante de corrupción o un error gravísimo de gestión es lógico que se retire la confianza a un gobernante. Cuando un señor de Madrid decide utilizar la séptima ciudad de España como laboratorio de pruebas al servicio de su odio a Génova 13, entonces la cosa cambia de parecer.

Esto es lo que ocurrió en nuestra capital hace ya dos años. Hubo una moción de censura legal, legítima y con consecuencias perfectamente válidas desde el punto de vista administrativo, pero no por ello éticamente aceptables. Como han demostrado los murcianos en las urnas, y muy especialmente los de los partidos que propiciaron el desastre, no había ni un solo motivo para censurar a Ballesta. Ni uno solo aceptable desde el punto de vista de la razón, claro. Si la explicación que se quería buscar era que su figura hacía mucha sombra al resto del equipo de gobierno la realidad es que el fugaz paso del alcalde socialista de cuyo nombre es imposible acordarse ha demostrado que quizás el problema no lo tenía el liderazgo del regidor del PP, sino la propia dinámica de los gobiernos de coalición. Sobre el resultado del PSOE mejor ni hablar.

Afortunadamente, no hay arbitrariedad legal que cien años dure ni cuerpo que lo aguante y hoy en Murcia la cordura ha vuelto a su sitio. No han pasado ni 100 días y la ciudad está donde no debió salir en 2021: con proyectos estratégicos que sí suponen un cambio de guion, como la llegada del AVE 'low cost' con Ouigo, con un plan de limpieza eficiente de verdad que busque algo tan revolucionario como que la ciudad sí que esté limpia, con la cárcel vieja otra vez en la agenda, con Murcia Río en el camino. En fin, con un líder de verdad y un alcalde a la altura de lo que merece una gran ciudad como es esta.

Lo que le hicieron a Murcia hace dos años, porque la moción de censura fue a Ballesta pero las consecuencias las sufrimos todos, fue algo perfectamente legal, como probablemente lo sea la amnistía a los delincuentes golpistas o como desde luego lo fue el indulto a su criminalidad. Pero que sea legal y no vayan a condenar a nadie por prevaricación por hacerlo no implica que aquello haya sido lo mejor para esta ciudad, de la misma forma que es una pésima idea dejar que el fascismo independentista actúe impunemente contra nosotros.

Llevo mucho tiempo repitiendo una idea sin mucho éxito, pero allá va: la derecha tiene que entender que no sólo gestiona mejor y es más escrupulosa con la ley, sus ideas también son mejores y su moral es más correcta que la que tienen los de enfrente. Esto no es supremacismo, es jugar con las mismas cartas que la izquierda sin que nadie nos perdone por existir.

Porque tener razón es legal y, esta vez sí, también moral.