Una oportunidad de oro

No se puede ocultar que la situación económico-social y sanitaria de España y Europa es extremadamente delicada. En unos países más que en otros, pero en todos ellos la pérdida de vidas humanas, de puestos de trabajo y de riqueza es trágica. Nunca habíamos vivido un momento semejante salvo durante los periodos de guerra. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de la crisis de 2008, la Unión Europea ha reaccionado con diligencia en la dirección correcta. Abandonando la nefasta política de austeridad, ha aprobado un potente Plan de Recuperación que, por primera vez en su historia, será financiado mancomunada o mutuamente. Se trata de un paso de evidente trascendencia, pues significa adoptar una filosofía, o metodología, 'federalizante' al abordar los grandes retos europeos.

Como es de dominio público, el referido plan supondrá para el caso de España tener a disposición una cantidad de 140.000 millones de euros entre donaciones y créditos blandos, lo que significa alrededor del 12% del PIB. Nunca hemos contado con una suma extra semejante, que se debe y se puede utilizar para poner en orden nuestro deficiente modelo productivo. No es un secreto para nadie medianamente enterado que llegamos tarde y mal a la revolución industrial y que no hemos sido capaces de modernizar del todo nuestra economía.

Tuvimos éxito en acabar con la dictadura y consolidar un sistema democrático. Fuimos competentes a la hora de poner en pie un Estado del Bienestar mejorable pero real. Y terminamos de una vez con nuestro aislamiento internacional cuando entramos a formar parte de la Unión Europea. Sin embargo, nuestro modelo productivo es francamente deficiente. Somos el país con más desempleo de Europa, con el mercado de trabajo más precario y la economía sumergida más abundante. El resultado es que somos uno de los países más desiguales del continente, con una inversión en gastos sociales inferior a las naciones europeas avanzadas. En mi opinión, esto es lo que explicaría, en gran parte, por qué somos uno de los países con más infectados y fallecidos por el Covid-19.

Ahora tenemos una ocasión de oro para darle la vuelta a esta situación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que la Unión Europea no proporciona toda esa cantidad de dinero para que cada cual haga lo que quiera. Se trata, por el contrario, de financiar proyectos bien estructurados, viables y relacionados con las líneas estratégicas del futuro: la transición energética y las energías renovables, en una palabra, la revolución verde; la digitalización de diferentes áreas de la economía y la sociedad; la modernización y mejora de la sanidad pública; la generalización de la tecnología 5G; la aplicación de la inteligencia artificial a la movilidad, la vivienda, las ciudades, etc.

No creo que las comunidades autónomas hayan interpretado que esa bella suma de dinero procedente de la Unión se iba a repartir entre ellas en función de su población, PIB, situación epidemiológica o cualquier otro criterio. Los asuntos en la Unión Europea no funcionan de esa manera. A estas alturas, estamos acostumbrados a que los organismos de la Comisión examinen con gran detenimiento los proyectos que se les presentan, pues los fondos salen del bolsillo de los contribuyentes y hay que administrarlos con suma diligencia. Por ese motivo sería recomendable que las diferentes autonomías, sin más demora, se pusieran las pilas y comenzaran a articular proyectos bien construidos técnicamente, en cooperación con los organismos de la Administración central. España cuenta con expertos en todas las áreas, así como con centros de elaboración e investigación que podrían ayudar en esta tarea.

Y para esta gran tarea, insisto, hacen falta proyectos, no vaya a ser que contemos con fondos abundantes y no tengamos dónde aplicarlos. En este sentido, creo que sería esencial una estrecha cooperación entre el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas. En vez de peleas estériles que enfadan al personal, sería la manera concreta de dar un contenido real a la famosa cogobernanza. No sé si ya está creado o previsto, pero sería muy oportuno crear un Consejo Interterritorial para el Plan de Recuperación, que dependiera de la Conferencia de Presidentes y, en última instancia, del Gobierno de España, que es el competente para presentar los planes en la Unión Europea.

Para terminar, una observación final o aviso a navegantes. Sería irresponsable si no entendiéramos que el Plan de Recuperación sufriría un golpe demoledor si las fuerzas políticas no fuesen capaces de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Aunque no se reconozca abiertamente, ambas cuestiones están íntimamente relacionadas. Es inviable seguir con los presupuestos anteriores, que no tienen nada que ver con la actual situación. En el supuesto de no acordarse unas cuentas públicas, sería inevitable ir a nuevas elecciones, con el desastre que supondría para todo y para todos.