Crónica inaudita de un atropello

En contribuir a la transición ecológica se fueron los ahorros de toda una vida de decenas de miles de murcianos y españoles, en la que fue la única inversión de la gran mayoría de este colectivo, que hubo de aportar sus propios domicilios como garantía, para obtener el 80% de la financiación que el propio Ministerio promovía como óptima cuando captó, en 2007, a pequeños inversores españoles con la campaña 'El sol puede ser suyo'.

A los 20 meses de tener en funcionamiento las instalaciones, empezaron a alterarnos el marco que motivó nuestras inversiones, con agresivos recortes a los ingresos que nos habían garantizado por BOE; así que, tras pagar a los que nos instalaron las placas hasta el último céntimo, los ingresos no cubrían las cuotas de los préstamos y la banca, como es lógico, sí quiso que sus contratos se cumplieran escrupulosamente, para lo que debimos refinanciarnos en masa, y fue preciso llevar los periodos de amortización a los 20 años.

La fotovoltaica se maduró, que era la finalidad; los objetivos de 2020 en penetración de renovables a los que se comprometió el Estado con la Unión Europea se alcanzaron; las empresas fabricantes, suministradoras e instaladoras ingresaron por todos sus productos y servicios; los bancos realizaron su negocio. Sin embargo, las 65.000 familias pioneras fueron estigmatizadas a través de diversos medios de comunicación y tertulianos para justificar el carrusel de despiadados recortes retroactivos que tuvimos que ir encajando.

Nuestros jueces no reconocieron derecho alguno a compensación por los recortes retroactivos porque, a su parecer, debíamos saber que esto podría ocurrir. Qué bueno hubiera sido que en la campaña del IDAE esto se hubiera advertido, al menos en alguna de sus numerosas publicaciones de promoción, aunque hubiera sido en letra pequeña en alguna de las 60 páginas que solían utilizar para detallar al extremo la forma de materializar la inversión, así como su carácter ético y la solidez de los retornos. Quizá no lo hicieron porque jamás se produjo un episodio de recortes tan arbitrarios en la historia de ningún sector regulado de ningún país del primer mundo.

Los fondos internacionales que realizaron inversiones en el mismo marco que nosotros, al no tener la necesidad de financiarse y por economías de escala, alcanzaron mayores ingresos. Aunque también sufrieron los mismos recortes, sus quebrantos eran menores, no corrieron la misma suerte que las familias españolas y, además, no debieron confiar en la justicia del Estado que les cercenó los ingresos garantizados por el Boletín Oficial del Estado, tampoco contemplaron, ni remotamente, la posibilidad de que en un país como el nuestro se pudiera correr el riesgo de la inseguridad jurídica que soportamos. Estas grandes empresas pidieron justicia en el órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, el CIADI, que, laudo tras laudo, está dando, como es lógico, la razón a los demandantes y condenando al Estado español a compensar los cuantiosos daños económicos que han tenido que soportar. Hasta 52 empresas están alcanzando una justicia que a las familias españolas nos ha sido negada.

El acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos, en su apartado 3.5, se comprometía a avanzar en la compensación de daños que soportan los pequeños inversores fotovoltaicos españoles; pero la legislatura se agota y volvemos a lugares ya conocidos: se lanzan argumentos falaces para silenciar a nuestro colectivo, en esta ocasión pretenden hacer creer a los ciudadanos que una medida adoptada por el Gobierno anterior da cumplimiento a dicho compromiso, cuando solo fue evitar un ajuste adicional y no compensar ningún recorte, algo que hubiera desactivado las demandas internacionales que siguen su curso y se van resolviendo condenando a nuestro Estado por haber engañado a pequeños y grandes inversores.

La situación exige sentar en una mesa de negociación a los dañados, nacionales e internacionales, por los injustos recortes, y restaurar una situación de justicia; y para ello es preciso reconocer los errores y dejar de confundir a la sociedad, en un juego que a nadie beneficia porque daña la credibilidad del Estado español frente a sus compromisos internacionales y frente a la obligación de velar por sus propios inversores nacionales, especialmente cuando se trata de miles de familias con recursos económicos limitados que entraron en este sector de buena fe y llamados por el propio Estado.

Estamos esperando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumpla con el compromiso de reparar al colectivo, promesa que realizó con solemnidad en Jumilla, ante cientos de familias fotovoltaicas murcianas; pero el tiempo pasa y nos sentimos burlados, una vez más.