Mar Menor, ciencia y política

Cualquier manual de toma de decisiones nos dirá que el correcto diagnóstico de un problema nos ha de llevar lógicamente a su solución. Por ello, quizá resulte desconcertante para la ciudadanía que aparentemente el consenso científico se haya roto a la hora de decidir cuál es la mejor solución para el Mar Menor.

Por una parte, están los que proponen medidas 'de final de tubería', tales como construir canales de drenaje, colectores y tanques de tormenta que recojan los vertidos agrícolas, bombear aguas subterráneas y oxigenar las aguas mediante el dragado de golas. Los defensores de estas medidas ingenieriles tildan su postura de realista, pues parten de la premisa de que el actual modelo agroindustrial intensivo no se puede cambiar, condición inamovible que ni Gobierno regional ni defensores de estas medidas han justificado debidamente, como tampoco quedan claros los detalles de estas costosísimas infraestructuras.

Por otro lado, muchos otros científicos, entre los que me cuento, defendemos que la única solución viable a largo plazo, máxime en un contexto de cambio climático, consiste en reducir los vertidos en origen mediante la disminución de la superficie de regadío intensivo, la mejora de las prácticas agrícolas para minimizar los aportes de nutrientes a la laguna, y la aplicación de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, tales como setos vegetales y filtros verdes. Basar la solución a la contaminación de la laguna en la construcción de obra 'dura' obligaría además a un gravoso mantenimiento a largo plazo sin garantizarse por ello la conservación del Mar Menor (por no actuarse sobre la raíz del problema), mientras que el dragado de golas transformaría la naturaleza misma de la laguna, amén de que todo ello simplemente trasladaría la contaminación al mar Mediterráneo.

Paradójicamente, los defensores de apostarlo todo a la construcción de infraestructuras, estando ellos mismos constreñidos por una condición de índole política (la agricultura no se toca), acusan de estar politizados a los proponentes de soluciones que pasan por la transformación agrícola, lo cual nos lleva a la conclusión lógica de que la única vía posible para dirimir esta aparente divergencia científica es eliminar cualquier injerencia del poder político en el debate científico. Pero ¿cómo se consigue esto?

Por un lado, aunque, naturalmente, los científicos tenemos cada cual nuestras opiniones, a la hora de hacer ciencia debemos ceñirnos a nuestra tarea, que no es otra que la de manejar (obtener, analizar, interpretar) datos y observaciones. La propuesta de soluciones consensuadas pasa, por tanto, por una discusión circunscrita a la esfera científica, sin cortapisas ni fatalismos, en la que únicamente quepan hechos contrastables y no argumentarios partidistas ni falacias para intentar desacreditar las posturas divergentes.

Por otra parte, ¿cómo ha de arbitrarse el papel de la ciencia en la búsqueda de soluciones para el Mar Menor? La vigente Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor nos marca la pauta, al establecer la creación de un comité de asesoramiento científico, que ineludiblemente ha de ser independiente y multidisciplinar, estar formado exclusivamente por científicos, y ser capaz de llegar a consensos amplios o, en su defecto, destacar adecuadamente las diferentes interpretaciones surgidas de los debates científicos. Nada que ver con el actual comité científico, cuya naturaleza se ha pervertido con la tutela que supone que un tercio de sus integrantes sean políticos y técnicos de la Administración regional, por no hablar de que gran parte de los científicos de la Región que trabajan en el Mar Menor han dimitido de ese órgano debido a su inoperancia y a la manipulación a la que ha sido sometido por las instancias políticas.

Ese renovado comité científico tendría que asesorar al – aún no constituido – Consejo del Mar Menor, máximo órgano consultivo y de participación en materia de protección integral de la laguna previsto por la citada ley, el cual habrá de tomar decisiones teniendo en cuenta los dictámenes del comité científico e integrando los intereses sociales, económicos y vecinales, es decir, procurando el bien común ejerciendo, ahora sí, la política, y sin apoyarse falazmente en la ciencia.

Este esquema permitiría una gestión transparente, y debería proporcionar oportunidades para la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre las decisiones finalmente adoptadas, con la asunción de las responsabilidades (políticas o de otra índole) correspondientes.

El Mar Menor necesita ciencia sin injerencias políticas, y políticos que respeten a la ciencia.