Movilización en defensa de la agricultura y la ganadería

Reclamamos una necesaria adecuación y flexibilización de las exigencias medioambientales de la nueva PAC, tras un primer año de aplicación que ha permitido ver los desajustes que se generan entre la teoría de los reglamentos comunitarios y la práctica de la realidad en nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas.

Unos desajustes que, en muchas ocasiones, se resolverían con pequeños cambios normativos y evitarían así la influencia negativa que se ha constatado en 2023 sobre las condiciones de cultivo y el acceso a las ayudas de la PAC.

En definitiva, la nueva PAC necesita ajustes y la cuestión es abordarlos con urgencia. Y para ello, nuestra responsabilidad como organización representativa de la agricultura familiar es presionar a nuestros gobiernos para que las administraciones y todos los partidos políticos, que negocian y deciden en el Parlamento Europeo, abran los ojos a la realidad y asuman las necesidades que les llegan desde el campo.

Una presión sindical que reclama revisar, con criterio, sentido común y respeto al interés general de toda la sociedad, las crecientes exigencias medioambientales a la actividad agraria, que en el Campo de Cartagena adquieren especial relevancia por los efectos de las medidas cautelares impuestas por la CHS y la ley de recuperación y protección del Mar Menor, que también debe ser actualizada atendiendo a la experiencia acumulada desde su entrada en vigor, teniendo en cuenta las prácticas agrarias y avances técnicos que se aplican en su ámbito de aplicación y las conclusiones científicas aceptadas. Resulta también indispensable la integración de toda la normativa aplicable a la cuenca vertiente, unificando la estatal y autonómica.

Nadie más que agricultores y ganaderos, y en UPA nunca nos cansaremos de repetirlo, está interesado en avanzar en medidas para frenar el cambio climático y mitigar sus efectos, entre otras cosas, porque solo con un futuro en el que logremos ponerle freno será viable nuestra actividad. Pero ello debe ser compatible con adaptar las estrategias y los objetivos a la realidad y evitando presentar ante la sociedad al sector agrario como el principal responsable de la nefasta deriva climática y medioambiental, porque no es cierto.

En caso contrario, el riesgo es doble. Por una parte, porque ni en el fondo ni en la forma se avanzará a ritmo adecuado hacia un futuro sostenible. Y, además, por el peligro creciente de que las maniobras populistas de intereses ajenos a la actividad agraria terminen inoculando el virus del disparate en colectivos cada vez mayores de personas que, sin estar necesariamente en el espectro ideológico de quien difunde ideas falsas, acaben asumiendo el rechazo a cualquier progreso, dificultando así los avances.

No olvidamos la necesidad de que la PAC garantice justicia y equilibrio en el trato a la agricultura propia con las exigencias a los productos que desde el exterior entran en los mercados europeos. Dejando claro que no hablamos de acabar con el comercio –no podemos olvidar que España es un país exportador muy potente, y Murcia muy especialmente–, sino de que todos respondamos a los mismos requisitos medioambientales, laborales y sociales a la hora de producir.

Y, por último, también compartimos argumentos esgrimidos en las movilizaciones de Francia y Alemania, achacando una excesiva complejidad burocrática en las gestiones derivadas de la PAC. Es desesperante y lo sufrimos a diario, pero el control sobre el adecuado destino y control de los fondos de la PAC no debe estar reñido con una urgente simplificación administrativa.

Con estas reivindicaciones, en UPA desarrollamos una acción sindical permanente, con tractores en las calles y carreteras cuando es necesario, con asambleas y acciones de todo tipo a pie de campo, y con movilizaciones en los despachos y las instituciones, negociando mejoras, proponiendo soluciones y consiguiendo avances.

Cierto es que el impacto social y mediático es mayor cuando sacamos los tractores a las carreteras. Nuestra historia está repleta de grandes movilizaciones con grandes resultados. Ahí están desde hace años las movilizaciones del gasóleo, con conquistas que ahora reclaman en Alemania o luchan por evitar que desaparezcan en Francia.

Ahí están las movilizaciones históricas de los Agricultores y Ganaderos al Límite, en el arranque de 2020, que cristalizaron en una mejora de la ley de cadena alimentaria sobre las que hay que profundizar, para avanzar en el cumplimiento pleno de la ley.

Y todo ello, conseguido con unidad de acción entre las tres organizaciones representativas en España. Una unidad impulsada con fuerza por UPA, conscientes como somos de que con ella, lejos de resaltar nuestras diferencias, favorecemos que todos los agricultores y ganaderos, con sus diferentes sensibilidades y modelos de explotación, presten su apoyo a las movilizaciones para obtener resultados y avances sin que tengamos que renunciar por ello a la defensa de las explotaciones familiares profesionales, que representamos en UPA.

Por tanto, unidad de acción, sí, pero con matices. Sin consentir por nuestra parte que se enturbie esta movilización común y permanente con intereses ajenos a la mayoría o enredos que suenen más a maniobras políticas que a reclamaciones profesionales.

Con todo ello, se dibuja un escenario en el arranque de 2024 a la vez preocupante e ilusionante. Un año en el que se renovará el Parlamento y las instituciones europeas, y en el que, con toda seguridad, surgirán nuestras estrategias y propuestas, que en nuestro caso recorrerán siempre el mismo camino, el que se inicia en cada una de nuestras explotaciones, en la labor de cada día con la tierra y el ganado, conviviendo con las inquietudes que van del clima a los mercados; pero con la fuerza que nos da el compromiso con nuestro trabajo.