La quita autonómica, un regalo envenenado para los españoles

En primer lugar, detrás de esta condonación se encuentra un claro trasfondo político. La medida forma parte de un acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el partido independentista ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), cuyo apoyo es crucial para mantener la estabilidad parlamentaria y asegurar la permanencia de Sánchez en el cargo. Este pacto ha sido interpretado por muchos como una maniobra política para asegurar los votos necesarios en el Parlamento, lo que ha añadido un plus adicional de controversia a la medida.

Desde un punto de vista contable, la condonación de la deuda no reduce el volumen total de deuda pública en España, sino que simplemente la traslada de las comunidades autónomas al Estado central. Esto significa que, aunque las regiones se liberan de parte de su carga financiera, el Estado asume una deuda adicional, lo que podría limitar su margen de maniobra en el futuro. Para compensar este aumento de la deuda, el Gobierno podría verse obligado a recortar gastos en otras áreas o a incrementar la presión fiscal a nivel nacional.

Uno de los principales problemas de esta medida es la desigualdad que genera entre las comunidades autónomas. Mientras algunas han mantenido una gestión más rigurosa de sus cuentas, otras han acumulado deudas considerables. La condonación de 17.100 millones de euros a Cataluña crea un precedente peligroso, ya que premia la irresponsabilidad fiscal y penaliza a las comunidades que han gestionado con prudencia sus recursos.

La asunción de la deuda de determinadas Comunidades Autónomas por parte del Estado implica que los ciudadanos de otras regiones, que ya han pagado sus propios gastos mediante impuestos, tendrán que contribuir también al pago de las deudas de otras comunidades más endeudadas.

Desde una perspectiva estrictamente financiera, tal como se ha dicho anteriormente, la condonación parcial de la deuda autonómica no elimina la carga, sino que la redistribuye. En la mayoría de los casos, la reducción de deuda por habitante en la comunidad beneficiada es inferior al coste de deuda por habitante que asumirá cada español al aumentar la deuda general del Estado, de tal manera que las Autonomías más endeudadas, en cuyo primer puesto se sitúa Cataluña, serán las más beneficiadas por esta Quita.

Aceptar una quita parcial de la deuda autonómica sienta un precedente que puede incentivar comportamientos irresponsables, por parte de los gobiernos autonómicos. Si las comunidades saben que, en el futuro, el Estado podrá asumir sus deudas, podrían optar por incrementar el gasto sin preocuparse por su sostenibilidad a largo plazo.

Este efecto moralmente peligroso se traduce en una gestión financiera más laxa, donde los gobiernos regionales podrían centrarse en satisfacer demandas cortoplacistas en lugar de implementar políticas de estabilidad presupuestaria. La consecuencia es que, en próximas crisis, la presión para realizar nuevas quitas se intensificará, generando un ciclo vicioso de endeudamiento y rescate.

Otro aspecto clave es el impacto sobre las generaciones futuras. Al aumentar la deuda general del Estado, el Gobierno está trasladando una carga financiera significativa a los contribuyentes de mañana. Esto significa que nuestros hijos y nietos tendrán que asumir mayores impuestos o afrontar recortes en servicios esenciales para hacer frente a una deuda que no han generado.

Desde un punto de vista pedagógico, resulta esencial inculcar la idea de responsabilidad fiscal y equilibrio presupuestario en la gestión de los recursos públicos. La decisión de socializar la deuda autonómica contradice este principio y refuerza la idea de que el endeudamiento excesivo no tiene consecuencias reales, cuando en realidad las tiene y son muy graves.

A nivel macroeconómico, el incremento de la deuda general del Estado puede afectar negativamente a la credibilidad de España en los mercados internacionales. Un aumento del endeudamiento supone un riesgo de deterioro en la calificación crediticia del país, lo que podría traducirse en un encarecimiento del coste de financiación. De hecho, la Agencia de Calificación Moody's advierte que la quita a la deuda autonómica repercutirá negativamente en el rating de España.

Si los inversores perciben que España no tiene un compromiso firme con la sostenibilidad fiscal, exigirán mayores intereses para comprar deuda pública, lo que aumentará el coste del servicio de la deuda y reducirá el margen de maniobra del Gobierno en el futuro. Esto podría tener efectos negativos en la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

En lugar de optar por este tipo de medidas, el Gobierno debería impulsar reformas que fomenten la responsabilidad fiscal y la eficiencia en el gasto público, asegurando que cada comunidad autónoma asuma las consecuencias de su propia gestión económica. Solo así se podrá garantizar una España financieramente sólida y equitativa para las futuras generaciones.

Los integrantes del Grupo de Opinión 'Los Espectadores' son:

Jesús Fontes, Javier Jiménez, José L. Garcia de las Bayonas, José Izquierdo, Blas Marsilla, Luis Molina, Palmiro Molina, Francisco Moreno, Antonio Olmo, José Ortíz, Francisco Pedrero, Antonio Sánchez y Tomás Zamora.