Un límite al poder en tiempos de pandemia

El poder de los gobernantes siempre ha tendido a comportarse como si de un compuesto líquido se tratara: se expande o filtra por el terreno hasta que encuentra un obstáculo que lo frena, o lo canaliza.

Conscientes de esa ley casi natural, los sistemas políticos han tratado de dotarse a lo largo de la historia de mecanismos de control que pusieran límites a las prerrogativas de sus gobernantes.

Si bien es cierto que son varios los autores que antes de él habían teorizado al respecto, fue Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, quien, en su obra 'El espíritu de las leyes', sentaría las bases de la moderna separación de poderes como un instrumento para conseguir un equilibrio entre ellos que permitiera imponer cierta estabilidad y sirviera de «barrera a la ambición y vicios de los hombres».

Esos tres poderes son, según el barón, «el de hacer las leyes» (poder legislativo), «el de ejecutar las resoluciones públicas» (poder ejecutivo) y «el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares» (poder judicial). Unos poderes que, para garantizar la libertad del pueblo, debían ser ejercidos por órganos distintos.

Les hago el anterior introito porque en la situación actual de pandemia ocasionada por la Covid-19 la teoría, y la práctica, de los frenos y contrapesos al poder cobra especial importancia pues, con la declaración del estado de alarma, se han conferido al ejecutivo unas potestades con una dimensión absolutamente desconocida en nuestra reciente historia constitucional.

Quede claro que no pretendo poner en cuestión con este artículo que se hayan tenido que adoptar importantes restricciones en la esfera de nuestros derechos individuales, sino resaltar que, precisamente por ello, en estos momentos, más que nunca, los otros poderes del Estado, el legislativo y el judicial, han de estar especialmente vigilantes y muy conscientes del papel de control que nuestra Constitución les ha otorgado. Una función constitucional que cobrará especial importancia cuando la crisis sanitaria acabe y se hayan de analizar, bajo el prisma de la política, pero sobre todo de la ley, las medidas que se han venido acordando, así como el momento de su implantación.

Pero al margen de esos dos poderes, que llamaría orgánicos o institucionales, existen en nuestra democracia otros actores llamados a ejercer estos días un importante papel que también les reserva nuestra Carta Magna: los medios de comunicación. No en vano, separación de poderes y libertad de información comparten en la ciencia política una misma base teórica que las fundamenta: garantizar la libertad del ciudadano y protegerlo de los abusos del poder.

La Constitución Española de 1978 reconoce en su artículo 20.1.d), bajo el epígrafe de los derechos fundamentales y libertades públicas, el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Y añade que «el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa».

Adviértase que el referido derecho se reconoce no solo respecto de comunicar, sino de recibir una información veraz. No es posible la existencia de una sociedad que se llame democrática sin unos medios de comunicación libres y plurales. Solo si los ciudadanos recibimos una información veraz y contrastada, podremos conformar una opinión fundamentada sobre el modo en que actúan nuestros gobernantes para concederles, o retirarles, nuestra confianza; la esencia misma del sistema democrático.

Por eso son tremendamente inquietantes los ataques que esa libertad de información está recibiendo desde que se declaró el estado de alarma: restricciones a las preguntas en las ruedas de prensa del presidente del Gobierno, la constante advertencia de persecución de la difusión de ciertas informaciones o los avisos, y ataques, que algunos medios y periodistas críticos con la gestión de la pandemia están recibiendo desde distintos frentes.

Pero lo que ha hecho saltar todas las alarmas es la increíble pregunta que se ha incluido en el último barómetro del CIS: «¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?».

Al margen de su capciosa redacción, pues nadie puede estar en desacuerdo con su primera parte, la prohibición de los bulos e informaciones engañosas, pero sí respecto de que solo nos llegue la información por 'canales oficiales', muchos hemos creído ver en la pregunta un aviso a navegantes, una velada sugerencia de autocensura a quienes informan sobre la pandemia y la gestión que de ella está haciendo el Gobierno.

En la magistral 'The Post' (Los archivos del Pentágono), de Steven Spielberg, el equipo directivo del 'Washington Post' se encuentra en un determinado momento ante la tesitura de publicar o no cierta información sobre las mentiras del Gobierno americano acerca de la intervención militar en Vietnam que podría traer consigo la ruina del periódico. Ben Bradlee (interpretado por Tom Hanks), editor del periódico, sentencia con una frase digna de ser esculpida en mármol: «La única forma de defender el derecho de publicación es publicando».

No me cabe duda de que esa será la actitud que mantendrá la inmensa mayoría de los medios de comunicación de nuestro país, pero, mientras tanto, los ciudadanos no debemos permanecer impasibles y reivindicar nuestro derecho fundamental a recibir cumplida información real y cierta de cuanto está ocurriendo. Nos va en ello evitar un serio retroceso en nuestros derechos y libertades civiles.