Corrupción normativa

El conocimiento de estos hechos ha causado una gran sorpresa en toda la sociedad española. Primero, por lo inesperado; pero, segundo, y sobre todo, por la importancia de la noticia, dado que supone un salto cualitativo de gran trascendencia en el fenómeno de la corrupción. Hasta ahora entendíamos que la corrupción solo germinaba en tres ámbitos: la contratación pública, el urbanismo y la política de personal.

En la contratación administrativa la corrupción es muy clásica. Consiste en favorecer a algunas empresas en los procedimientos de selección de contratistas, a cambio de unas comisiones o mordidas. Durante estos últimos decenios la legislación española de contratos administrativos ha ido experimentando una serie de reformas para reducir las posibilidades de corrupción, casi siempre incorporando a nuestro Ordenamiento jurídico Directrices de la Unión Europea, tendentes a garantizar los principios de publicidad, transparencia y libre competencia en los procedimientos de selección de contratistas. En mi opinión, se ha avanzado mucho en esta materia para conseguir la reducción de los supuestos de corrupción. Pero, por lo visto recientemente, todavía nos queda camino.

El segundo ámbito de la corrupción clásica es el urbanismo. Durante las primeras décadas de este siglo, se han producido en esta materia importantes 'pelotazos'. Algunas fortunas actuales tienen su origen en la corrupción urbanística. En síntesis, el negocio consiste en comprar suelo rústico y venderlo como urbano, una vez que se ha convencido a los políticos de que lleven a cabo esta transformación. La lucha contra este tipo de corrupción no ha terminado, ni mucho menos. Muchos procesos penales todavía están instruyéndose en los Juzgados.

Y, por fin, está la política de personal. La corrupción en este ámbito tiene mucha solera, y aparece en muy diversas épocas como un eterno retorno. Cambian los gobiernos, cambian los regímenes, y vuelven una y otra vez a aparecer los amiguismos, los clientelismos y el nepotismo. Los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación de los hijos de los militantes o afines a los que no han podido sus padres sacarles punta. Y las administraciones públicas se trufan de amiguetes y parientes que en algunos casos no están lo suficientemente preparados. No podemos tener muchas esperanzas de que mejore la naturaleza humana, pero no debemos decaer en el propósito de generalizar los criterios objetivos de selección de personal. Es posible imaginar una España sin enchufes.

Pues bien, todas estas posibilidades de corrupción se nos presentan ahora como un poco cutres, si las comparamos con la que nos ha mostrado el juez de Tarragona. De ser cierto lo que se atribuye a Cristóbal Montoro, se trataría de otro nivel de corrupción, de una corrupción a lo grande, pues consiste en modificar leyes y normas a cambio de dinero, y que afecta profundamente a alguno de los principios del Estado de derecho. Se trata de una corrupción de mayor recorrido y mucho más profunda que la conocida hasta ahora, porque afecta a leyes que, por naturaleza, son generales y perdurables en el tiempo. Y porque implica la imprescindible colaboración del poder legislativo, de las Cortes Generales, en las que reside la soberanía de los españoles.

Y, además, las consecuencias de esta corrupción normativa son muy graves. Después de los casos que afectan al PSOE, y de este caso Montoro, muchos españoles de centroizquierda y centroderecha, que no quieren votar a los extremos, se preguntan: ¿y ahora a quién voto? ¿Cómo votar a los partidos centrales si en todos ellos hay corrupción? Y otra consecuencia aún más grave es la ruptura de la moral fiscal. Todos debemos pagar impuestos, según nuestra capacidad económica. Pero resulta que algunos muy poderosos, gracias a Montoro y a su equipo, han estado pagando menos de lo que debían. ¿Cómo decirle al resto de los ciudadanos que cumplan sus obligaciones fiscales? Y, por fin, una pregunta todavía más inquietante: ¿es que nuestros diputados y senadores no se dieron cuenta de que Montoro les engañaba cuando presentaba en las Cortes una reforma de las leyes fiscales? ¿Es que no se daban cuenta de que estas reformas se proponían para favorecer a unos clientes de un despacho de influencias?

Ante esta situación, no nos desesperemos. Seamos optimistas. Hay salidas. Por lo pronto, los dos grandes partidos deberían ponerse de acuerdo para sacar adelante la reforma fiscal y la reforma electoral. Pero de esto ya hablaremos en septiembre.