Lecciones de Valencia para la Región de Murcia

Debemos avanzar como sociedad en un desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, comenzando por la dimensión humana o social, la económica, pues sustenta el bienestar de las familias, y también en la medioambiental. Estas inundaciones han supuesto un desastre humano, económico y medioambiental, con la alteración de cauces, riberas y destrucción del ecosistema.

Llevamos años sufriendo una normativa extremadamente severa en el tratamiento de las zonas inundables, identificadas en mapas de obligado cumplimiento para los nuevos desarrollos que las administraciones aplican únicamente desde el punto de vista de la exigencia a los particulares y la prohibición, pero que ignoran en lo relativo a las infraestructuras identificadas como necesarias para minimizar los riesgos.

Hacer infraestructuras supone un esfuerzo financiero para la administración, que no han estado dispuestos a hacer, y un desgaste político frente a corrientes ecologistas contrarias a cualquier obra o desarrollo que modifique el medio natural. Para esconder esta inacción, se ha trasladado la carga a los particulares, por medio de exigencias y prohibiciones, dando la apariencia de que se actúa, cuando en realidad sólo se aplica una política que sale barata a la administración en dinero e imagen, pero no así a los particulares, porque supone una pérdida directa de derechos, proyectos y bienestar.

Vamos por el camino equivocado. Las infraestructuras salvan vidas. Nos empeñamos en hacer un urbanismo exento de riesgos en zonas que olvidamos están densamente pobladas y urbanizadas desde hace décadas o siglos, lo que se ha demostrado claramente ineficaz en Valencia, donde no han servido para proteger a la población. De poco sirve poner condiciones muy duras a los nuevos que lleguen, olvidando que el objetivo es proteger a los que ya viven. Estas nuevas exigencias dificultan y encarecen mucho la construcción, en un momento en que la necesidad de vivienda asfixia a la población, y limitan considerablemente el desarrollo de equipamientos y servicios tan necesarios en nuestras ciudades, pero que en nada solucionan el riesgo al que estamos expuestos.

Debemos tener en cuenta que el riesgo cero no existe y que unas lluvias como las de Valencia convierten en inundable cualquier territorio, pero también que las infraestructuras ayudan a disminuirlo considerablemente. En la zona devastada, está evaluado desde hace muchos años, pero las obras para evitar las inundaciones en el barranco del Poyo llevan 15 años bloqueadas. Esta historia se repite en muchos puntos del Mediterráneo. Hay muchas infraestructuras necesarias que no se ejecutan por motivos ideológicos y financieros.

Desgraciadamente, el Gobierno lleva mucho tiempo sin plantearse acometer la construcción de presas. Se impiden por su impacto en el medio ambiente de la reducida zona que se ve afectada por ellas, sin ver más allá, sin considerar el impacto que su omisión tiene destruyendo vidas, viviendas, economía y medio ambiente, aspectos todos en los que el daño supera en mucho el coste de la infraestructura. La paradoja en Valencia ha sido que la misma preocupación ambiental que ha impedido ejecutar las infraestructuras en el barranco del Poyo, ha provocado la mayor devastación ecológica del parque natural de la Albufera.

Y lo que es peor, no solo no construyen infraestructuras, sino que destinan gran cantidad de recursos en destruirlas. Se toman decisiones por motivos puramente ideológicos, malgastando recursos públicos y contradiciendo los más elementales criterios técnicos. Las desastrosas consecuencias de estas políticas las estamos sufriendo ahora, y para evitar males mayores deberíamos ponernos a trabajar urgentemente para proteger nuestras ciudades. Estamos en una Región muy poblada, con un clima de alto riesgo donde muchas personas viven en zonas identificadas como inundables, y por ello hay que esforzarse aún más.

La principal herramienta para reducir los efectos catastróficos son las infraestructuras de defensa: presas de laminación, encauzamientos, correcciones hidrológicas, colectores interceptores y cuencas de retención. Gracias a las obras ejecutadas en el último siglo, las últimas danas no han afectado de forma más severa.

Pese a ello, en la Región llevamos más de 30 años sin construir obras significativas contra las avenidas, aunque los riesgos están identificados y las soluciones definidas. Solo falta la voluntad política y la disponibilidad presupuestaria para ponerlas en marcha. Es urgente trabajar en actualización de datos, conocimiento hidrológico, sistemas de alerta bien coordinados y mejora de las infraestructuras.

El pretendido cambio de enfoque en la forma de proteger frente a las inundaciones, hacia soluciones más blandas y no contrastadas, no ha dado buen resultado, y lo sucedido en Valencia es un triste ejemplo de este fracaso.

Lamentablemente las administraciones van a tener la tentación de endurecer aún más las condiciones de los nuevos proyectos, para así evadir cualquier tipo de responsabilidad en episodios futuros, pero nos estaremos engañando; el riesgo seguirá muy alto mientras no acometamos las obras contra avenidas.

Y si continuamos por esta vía casi única de restricciones y limitaciones el problema se perpetuará. En Valencia las exigencias para la reconstrucción serán imposibles de asumir mientras el riesgo permanecerá intacto.