Paz del agua para todos

Se trata de un hecho conocido desde los albores de la hidrología en España, que inspiró algunas de las más importantes acciones legislativas y de gobierno desde el siglo XIX hasta nuestros días. Se dice que el político liberal conocido como Mendizábal, a la vista de los desequilibrios hidrológicos existentes en nuestro país, llegó a decir que España no sería rica mientras los ríos desembocaran en el mar. Joaquín Costa, Lorenzo Pardo y un sinfín de ilustres expertos en hidrología han razonado autorizadamente sobre la necesidad de redistribuir el agua llevándola desde donde sobra hasta los territorios carentes y deficitarios de ella. Todos ellos han contribuido al progreso hidrológico partiendo desde la concepción ribereña y localista de la titularidad de los recursos hídricos hasta adoptar la planificación hidrológica nacional como instrumento para la resolución de los desequilibrios hidrológicos en España.

Sin embargo, ese progreso ha generado situaciones polémicas que en muchas ocasiones amagan con desandar la trayectoria trazada por aquellos que sólo vieron la necesidad de solucionar un problema histórico. Es el caso del Trasvase Tajo-Segura, sobre el que se ciernen planteamientos reaccionarios, de vuelta al tribalismo primitivo, cobijados bajo la carpa del retroprogresismo, que azuza un permanente enfrentamiento territorial.

Lo cierto es que esta tensión inacabable no beneficia ni a los habitantes de las cuencas cedentes ni tampoco a los de las cuencas receptoras. Sólo favorece a quienes la promueven fiados en que su ego personal será tanto más fuerte cuanto peor le vayan las cosas a España, ya sea a escala de regiones o al nivel del Estado en su conjunto.

En cualquier caso, la solución al problema del agua debe descansar sobre la distribución equitativa de los beneficios que genera la corrección del desequilibrio hídrico nacional. Los habitantes de la cuenca del Tajo no han percibido directamente provecho alguno causado por el agua que se transfiere al Levante. Mientras esto siga siendo así, no cabe imaginar que sus apreciaciones sobre el Trasvase vayan más allá de considerarlo un robo de agua. Otra cosa sería si desde el principio hubieran compartido de forma directa e individualizada el éxito socioeconómico de esa infraestructura.

En su día, el Consejo de Ministros acordó que parte de la tarifa que pagan los regantes por el agua trasvasada se transfiriera a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, cuyos ingresos debían aplicarse en mejoras de sus infraestructuras hidráulicas. Craso error, porque esos fondos no han contribuido a tal fin y, a pesar de su cuantía, quedan todavía en la cuenca cedente muchos lugares que se abastecen con camiones cisterna.

Hay que explorar la vía de negociación directa con usuarios y regantes de la cuenca cedente para que el reparto del beneficio que genere el agua trasvasada se realice a ese nivel sin ponerlo en manos de quienes en muchos casos lo utilizan para exacerbar el sentimiento antitrasvasista.

Todo ello contribuirá a la paz del agua tan necesaria para el desarrollo sostenible de todas las tierras de España.