Día Internacional del Abogado

Este día es una fecha especialmente señalada para los que ejercemos esta profesión, porque supone un reconocimiento expreso a quienes intentamos acercar el derecho a los ciudadanos y contribuir con ello a lograr una sociedad más justa. Ejercemos una profesión totalmente vocacional y absolutamente imprescindible en nuestros días, sin la cual sería imposible lograr la cohesión social y el ejercicio de los derechos fundamentales.

La Abogacía es una profesión eminentemente vocacional, y esa vocación crece con el ejercicio diario de la profesión, cada cliente es diferente, y cada asunto es distinto, por lo que es precisa una aproximación vocacional al problema. Y esa vocación se descubre de modo progresivo, intentando encontrar un argumento para enfocar el problema que se nos plantea, siempre intentando prestar el mejor servicio. Las ideas de vocación y servicio están íntimamente ligadas en nuestro quehacer diario, y he mantenido siempre que nuestra satisfacción más profunda radica en el trabajo bien hecho, más allá de supuestos éxitos y retribuciones económicas, que también son evidentemente necesarios.

Somos esenciales para la consecución de la paz social; como tantas veces se ha mencionado, somos los primeros jueces del ciudadano, y realizamos una primera interpretación de la norma jurídica, prestando asesoramiento inicial para evitar el litigio o sugerir medios extrajudiciales para hacerlo. Y cuando de modo inevitable el conflicto surge, somos quienes garantizamos el acceso a la tutela judicial efectiva, mediante el ejercicio del derecho de defensa.

La Justicia es quizás la última esperanza para el ciudadano, que ha visto cómo las instituciones en las que confiaba le daban la espalda, por lo que la actuación del abogado resulta imprescindible para que quien se siente perjudicado, acuda a aquella como último reducto que puede salvaguardar los derechos inherentes a su condición. Como algún filósofo ha escrito, la Abogacía es para muchos ciudadanos la guía a través de la que el Estado se materializa y se pone a prueba.

Cuando contribuimos a la defensa del interés particular, damos sentido a la Justicia, y esta se identifica como la suma integradora de todos los intereses que la norma ha querido proteger. No corresponde al abogado definir ni interpretar el interés general, sino la defensa de sus clientes y, para ello, deberá siempre, coadyuvando con la Justicia, procurar lograr una solución para el problema de su cliente. Quizás no se puede conseguir siempre una sentencia absolutamente favorable o un acuerdo que recojan todas las pretensiones de tu defendido, pero dentro de la actuación del abogado también está minimizar las consecuencias que una desafortunada actuación del cliente pueda tener para él, su patrimonio, familia en el ámbito civil, penal, administrativo, social... En suma, ni más ni menos que, como indica nuestra Constitución en sus artículos 17, 24, 122.3 y 159.2 refiriéndose a la importancia de nuestra profesión, ejercitando el derecho de defensa y asistencia de letrado.

No puedo dejar de mencionar la prestación del Turno de Oficio como el mayor exponente de la función social de la Abogacía, y el reflejo máximo de todas las reflexiones anteriormente expuestas. En el Turno de Oficio se plasma la vocación de servicio, el esfuerzo por una compensación mínima, y un desempeño imprescindible para alcanzar el mandato constitucional de la tutela judicial efectiva.

Tengo la íntima convicción de que la sociedad conoce y valora nuestro desempeño, y más allá de estereotipos más o menos afortunados, resultados de encuestas (que son favorables a nuestra labor)..., estoy absolutamente convencido de que el concepto que la ciudadanía tiene de nuestra profesión es elevado, y no solo en momentos en los que necesita imperiosamente de nuestra intervención, sino en referencia a nuestro desempeño en general.

Quisiera concluir lo que necesariamente por obligación y por convicción supone un elogio a la Abogacía, recabando la atención del Legislador y de los poderes públicos, para que procuren mayores medios y mejor distribución de los mismos, mejorando las condiciones de la Administración de Justicia, ofreciendo soluciones legislativas y económicas reales, pensando que no se trata de un beneficio que redunde en los profesionales que las servimos, sino en beneficio de toda la sociedad.