Lo inadmisible

El pasado miércoles Vox volvió a justificar en la Asamblea Regional su veto a medios de comunicación en actos organizados por el partido. Entienden en la formación, según su portavoz en la Asamblea, que vetar a medios y periodistas, incluso en periodos electorales, puede estar justificado «por la falta de lealtad» y que «no perjudica los derechos constitucionales, ni de libertad de expresión ni de información». Tienen razón en que no son los primeros ni los únicos. Pero no la tienen en todo lo demás.

Por definición, los actos de un partido que se enmarcan dentro de su campaña electoral (para la que, por cierto, reciben nutridas subvenciones públicas) no son privados. Son públicos y, además, son de interés público. Su cobertura informativa, por tanto, está reconocida por el derecho a la información, que incluye la garantía del libre acceso a la misma. Coartar el libre acceso a la información supone rebajar la calidad de las decisiones informadas que los ciudadanos deben tomar para elegir a sus representantes. En ese sentido intervino la Junta Electoral Central durante las pasadas elecciones generales. Y en ese sentido se pronunció el Tribunal Constitucional en sentencia del 16 de marzo de 1981: «El artículo 20 de la Constitución, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vacíos de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1.2 de la Constitución y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política».

La lealtad de los medios se circunscribe a la Constitución, al marco jurídico de su función y a su legítimo posicionamiento de acuerdo con una línea editorial reconocible, que en ningún caso debe amparar la falta de veracidad. La profesionalidad de los periodistas debe dirimirse en el debate público y en el marco de la legislación vigente, no en vetos indignados que unifican veredicto y condena. Estos constituyen, más bien, una estrategia política de exaltación y polarización. No son los partidos políticos quienes pueden arrogarse la potestad de decidir si algo es o no constitucional, y mucho menos si es o no admisible desde el punto de vista de la libertad de expresión e información. Para eso están las leyes y los tribunales. Si un medio o un periodista incurren en libelo, calumnia o injuria, denúnciese y que los tribunales dicten sentencia. Ejérzase en su caso y con toda la contundencia el derecho de rectificación reconocido nada menos que en ley orgánica.

Vivimos en una época en la que la política señala a la prensa como enemigo público y se demandan de esta lealtades incompatibles -precisamente- con su función social. Lo inadmisible no es que los medios hagan su trabajo mejor o peor. Lo inadmisible, en este contexto que amenaza a nuestra sociedad con una verdadera anoxia informativa, es asumir el veto a los medios informativos como algo normal.