Lo imposible (después de lo inadmisible)

Hace escasos cuatro meses publiqué en estas páginas una columna ('Lo inadmisible') en defensa de la libertad de información a raíz de la decisión de Vox de vetar el acceso de los medios de comunicación a sus actos de partido. Entonces recordaba que el propio Tribunal Constitucional identifica, en sentencia de 1981, la libertad de información como la condición de posibilidad de todos los demás derechos y libertades y, por tanto, de la propia legitimidad democrática.

Hoy es necesario volver a hacerlo con motivo de la pregunta formulada en el último CIS: «¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?».

La cosa tiene su miga, porque no es solo una pregunta tendenciosa sobre los bulos (que lo es); es que contiene, ella misma, un bulo. La cuestión contrapone la 'libertad total' de información frente a la prohibición de difundir informaciones engañosas. Se deduce así que la prohibición no sería total, por lo que, en consecuencia, la libertad de información puede ser parcial. O sea, que vamos a rebajar 'un poquito' la libertad de información, porque nos estamos pasando. El problema es que ambas premisas son falsas y, además, jurídicamente imposibles. La libertad de información es o no es: no hay término medio ni rebaja circunstancial posible. Si se limita, ya no hay libertad de información.

Pero es que, al margen de las infinitas dudas de procedimiento que llevan la proposición al territorio de lo absurdo (entre otras cosas porque algo así no es posible en la UE), la pregunta incluye otra presunción más perversa aún: que las libertades solo son para los que hacen un buen uso de ellas. Y no: las libertades, como el derecho, son para todos: también para los que hacen mal uso de ellas. La cuestión no es retirar una libertad, sino regular aquellas conductas que hacen mal uso de esta. La negación de libertades como solución al abuso de estas es, él mismo, un abuso de la capacidad legislativa impropio de una cultura democrática asentada.

Un viejo maestro del oficio recordaba que con el periodismo en la era de las redes sociales ubicuas ocurre como con las inundaciones: hay demasiada agua y, sin embargo, es difícil encontrar agua potable. Todos (muchos más que un 66,7%) preferimos el agua potable –es decir, la buena información, realizada por profesionales y contrastada–. A nadie se le ocurre que la solución sea cortar el agua, pues el resultado es evidente: habrá más sed. El problema de las 'fake news' –con situaciones excepcionales de por medio o sin ellas– se aborda con educación mediática, ciudadanos críticos, medios responsables y política adulta. Y sometiendo a las redes y plataformas de contenido digital a las mismas exigencias de rigor y respeto de los principios democráticos que al resto de productores de contenido. No a golpe de hormona demoscópica o legislativa.