La gestión de la pandemia

En una anterior entrega de esta colaboración periodística se alcanzó la conclusión de que las autoridades sanitarias, tanto nacionales como comunitarias, han actuado conforme al ordenamiento jurídico en el abordaje y tratamiento de la pandemia que aún nos agobia sobremanera, como a otros países. Pero el lector merece una detenida explicación de las razones que conducen a tal aserto.

El conjunto de normas que integran la legislación sanitaria, allí reflejadas, diseña un sistema de salud pública destinado a tutelar de la mejor manera posible tan importante esfera del cometido de las Administraciones, siempre enfocadas aquellas a la salvaguarda de los principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad que constituyen el arquetipo de una buena salud 'oficial'. Ante una pandemia como la padecida y ante una situación de alarma posibilitada por la dimensión de la misma, absolutamente mortal, han tenido que articularse medidas, a veces drásticas, enfocadas a atajarla en el menor tiempo y en la mejor forma. Es de reparar primeramente en que los sucesivos mandatos a las autoridades para el desarrollo de sus iniciativas se han cumplido las previsiones de la Constitución, esto es, todos ellos han obtenido los precisos refrendos parlamentarios.

Luego, en principio, se ha respetado siempre la legalidad vigente, tratando en cada momento de abortar la epidemia y de prevenir su expansión. Esa es la función y la responsabilidad del Gobierno de España y de cada uno los autónomos.

Mas, como en todos los países ha sucedido, las formas merecen críticas de los ciudadanos, algunas racionalmente manifestadas y otras guiadas únicamente por la intención de desgastar a los presidentes de tales Administraciones en atención alpartido que los sustentan.

Respecto del Gobierno Central, que asumió el mando único en determinado momento dada la envergadura de la Covid 19, pueden formularse varias y sostenibles quejas, sin que ello empezca al ajusta a la legalidad antes referido.

Por supuesto, nunca debió autorizarse la manifestación en Madrid del 8 de marzo, como tampoco otras concentraciones de partido o deportivas en esas fechas llevadas a cabo. El bicho a esas alturas ya estaba atacando y ya se debía conocer su feroz lesividad. En suma, se actuó mal. Pero a los pocos días es de reconocer que el Ministerio del ramo cogió el toro por los cuernos. En verdad, quién la iba a decir al ministro Illa, un profesor de filosofía incorporado al Gobierno al parecer para cubrir la llamada cuota catalana, que de encabezar una cartera 'raquítica' pasaría en muy poco tiempo a erigirse en el máximo responsable de la gestión sanitaria oportuna para controlar la fiereza de la epidemia. Ese ministro contaba y cuenta con todos los órganos y las personas que los integran concebidos en las leyes sanitarias y a ellos hubo de acudir, sin que quepa duda de que también los administrados pueden cuestionar, y lo hacen, la cualificación científica y técnica de tales personas. Pero hay que reconocer que es disparatado afirmar que su actuación haya sido desastrosa o incluso criminal, como algunos llegan a sostener. Como vulgarmente se dice, ha hecho lo que ha podido y siempre dando la cara. Además, es aplaudible, sea él o alguno de sus subordinados quien lo inventó, el sistema de desescalada auspiciado cuando empezó a controlarse el fenómeno. Muchos países lo han copiado. Y, aunque parezca inidónea la expresión 'nueva normalidad' también inventada, cierto es que realmente encierran estas palabras una realidad evidente, cual es la necesidad de volver a lo cotidiano, al ejercicio habitual de sus vidas por los ciudadanos, mas teniendo en cuenta que ciertos controles deben seguir activados, como la reciente aparición de los brotes ha venido a ratificar. Si hay una palabra, en la ley y en la calle, que defina el camino a seguir, esta es la prevención. Gran parte de las normas sanitarias la contemplan y regulan y lo que se ha hecho no es sino la plasmación en la realidad de esas previsiones tan necesarias.

Cabe indicar lo mismo respecto del proceder de las distintas autonomías, en cada una de ellas se ha operado de la forma estimada más adecuada, aun con más o menos eficacia y éxito, y, por supuesto, con mayor o menor aceptación de los destinatarios de esas decisiones.

Lo que, desde luego, es rechazable, es que se dirigiesen por algunos mandatarios regionales diatribas y hasta insultos hacia el Gobierno de la nación, siempre destinados a desprestigiar en aras de obtener, una vez más, réditos políticos y electorales.

En definitiva, y con el más profundo respeto a quienes ya no pueden valorar la gestión de gobierno alguno, que desgraciadamente son muchos miles, y a sus familiares, hemos de proclamar que en nuestro país funciona el Estado de Derecho y que el ejercicio del poder es, a todos los niveles, social y democrático, como determina nuestra Norma Fundamental.