Gastar muy bien el dinero europeo (y el propio)

El coronavirus ha provocado la crisis económica más grave desde la Gran Depresión de 1929. En el segundo trimestre de 2020 el PIB español se contrajo 18,5%, y las horas trabajadas, según datos de la EPA, cayeron un 23%. La Comisión Europea prevé que la economía española retrocederá un 11% en 2020 (la mayor caída dentro de la UE), con la Región de Murcia yendo más o menos a la par.

La aprobación del fondo de recuperación europeo del que, recordemos, España recibirá 140.000 millones de euros (72.700 en transferencias directas y 66.300 en préstamos a 30 años), representa, junto con las respuestas de choque del Gobierno español con fondos propios, una tabla de salvación financiera para las familias y empresas más afectadas, y un resorte para propulsar la economía a una nueva realidad, pues muchos de los cambios que provoca la pandemia serán irreversibles. Entre otras cosas, las economías deberán hacerse más resistentes frente a posibles 'shocks' en el futuro, más verdes, más digitales y más inclusivas. Para optar a ese dinero, el Gobierno presentará en Bruselas, antes del 15 de octubre, un plan nacional de recuperación y resiliencia para los años 2021-2023, adhiriéndose a esos principios. El proceso de evaluación y aprobación por la Comisión Europea y el Consejo Europeo retrasará la llegada del dinero, como mínimo, hasta finales del primer semestre de 2021.

Por esa razón, y ante la emergencia y gravedad de la situación, el Gobierno español ha aprobado un montante de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas como anticipo de los fondos europeos. La CARM acaba de recibir 98,16 millones del primer tramo destinado a sufragar gastos sanitarios y, entre septiembre y noviembre, recibirá otros tres tramos hasta completar 261,76 millones de euros de esa partida provisional. Llegarán, además, 159,76 millones por la liquidación financiera del año 2018.

En la gestión de estos fondos europeos y de los que vendrán de aquí a 2023, el Gobierno regional ha de actuar como inversor de primera instancia y como promotor de proyectos en colaboración con el sector privado. Como inversor directo, deberá dejar de lado (o aparcar) las obras que más impresionan a primera vista, como auditorios, pabellones deportivos, construcción de rotondas, etc. en beneficio de proyectos ligados a la transición ecológica y lucha contra el cambio climático tales como tratamiento y reciclaje del agua, producción y transporte de energía renovable. Además, deberá prestar una atención especial a la economía digital, al tratamiento masivo de los datos, y sobre todo a la educación. En relación con este último aspecto, es urgente que las universidades reciban estímulos y sean premiadas por elaborar patentes y realizar investigaciones de las que puedan beneficiarse las empresas, y más aún si están relacionadas con los ejes de actuación anteriormente indicados.

Las acciones y programas coordinados con el sector privado deben ayudar a las empresas que presentan problemas de liquidez, pero no de solvencia y de rentabilidad a medio plazo. No se puede malgastar el dinero dando subvenciones a empresas zombi que ya estaban en crisis de rentabilidad antes de la pandemia. Hay que facilitar la traslación de recursos desde los sectores que desaparecen hacia los sectores con buenas perspectivas en el nuevo modelo que se va a construir. En todo caso, las ayudas a empresas deben condicionarse a que estas sigan las directrices marcadas, inviertan más en I+D y mejoren la productividad, que está muy lejos de los registros europeos.

En mi opinión, el Plan Reactiva 2020 de la Región de Murcia, presentado el pasado 20 de junio, con un presupuesto propio de 737 millones de euros, recoge algunos de estos parámetros, pero tiene carencias notables que deberían subsanarse para satisfacer mejor las prioridades marcadas desde Europa. Por ejemplo, en él echo en falta una asignación de fondos para la transición ecológica, y acciones inmediatas para recuperar el Mar Menor. No sirve enunciar que habrá una ley sobre la laguna salada, si no se concretan el momento, las acciones y la financiación necesaria.

Además, es indispensable que los gastos que se efectúen sean evaluados por un comité neutral e independiente, para asegurar que cada euro se gasta muy bien. Y esto ha de aplicarse tanto a las actuaciones públicas como a las que se conciertan con el sector privado. Y ojo, porque la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) está pidiendo que se reevalúe el AVE a la Región de Murcia debido a su escasa o nula rentabilidad esperada. Un serio aviso para que, con los fondos de ahora, no se repitan graves errores del pasado.