Llega la Ley Orgánica del Sistema Universitario
De momento, la LOSU va a nacer con una importante contestación desde los campus. El número de interrogantes es mayor que el de certezas
Si repasamos la breve historia de las leyes universitarias que hemos tenido desde 1974, nos encontramos, en primer lugar, con la Ley General de Educación ... y Financiamiento la Reforma Educativa de 1970, también conocida por el nombre del Ministro de Educación responsable de su elaboración: 'Ley Villar Palasí'. Esta ley estuvo vigente hasta 1983. Previamente, los gobiernos centristas elaboraron una ley que nunca llegó a estar en vigor. La conocida como Ley de Autonomía Universitaria (LAU), por lo que la norma que cambió la Universidad Española fue la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1983, elaborada por el ministro de Educación y Ciencia José María Maravall, aunque su verdadero arquitecto fue el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba.
Sin duda, cuando se habla de la LRU, aunque en su día tuvimos elementos de crítica, al final, el tiempo le ha dado en gran parte la razón al haberse demostrado que supuso el paso de la LGE a una norma moderna equiparable a la de los países de nuestro entorno. Supuso la democratización de los órganos de gestión universitarios, así como la puesta en marcha de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución de 1083, llevando a cabo una distribución de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y las universidades.
La LRU fue sustituida por la Ley Orgánica de Universidades (LOU), de 2001, que, más allá de sus intenciones, solo supuso una puesta al día de necesidades que se habían creado 'de facto', potenciando la figura del rector en el ahora Consejo de Gobierno al nombrar un porcentaje de sus miembros.
Y en estas viene la LOSU, recién salida del Senado, que aboga, aunque a largo plazo, por la universidad gratuita y que, aunque entrará en vigor este año, la estabilidad laboral de los docentes se desliza al curso 2025-2026. La temporalidad quedará reducida al 8% en lugar del 40% actual. A su vez, los profesores asociados tendrán contratos indefinidos y sus horas lectivas bajarán de 180 a 120, lo que va a suponer, si se quiere que la Universidad mejore, una financiación importante que, como siempre, no acompaña a la ley, por mucho que se diga que se dedicará el 1% del PIB. El inicio de la carrera docente se realizará a través de la figura del ayudante doctor por seis años, antes de pasar a ser titular de universidad o profesor permanente laboral.
No parece que esta norma vaya a mejorar las universidades públicas; hay mejores especialistas distintos del ministro Joan Subirats en este país para haber elaborado una ley mejor, aunque deja en manos de las universidades autonomía para ciertos aspectos como el establecimiento de los requisitos para ser rector, que lo será por seis años y por solo una vez, sin reelección.
De momento la LOSU va a nacer con una importante contestación desde los campus. El número de interrogantes es mayor que el de certezas, los próximos años se presentan complicados para nuestro sistema universitario, lo cual no es bueno para nadie. El próximo curso, que al menos en la UMU se presenta con muchas dudas, será la primera piedra de toque que establezca que ley sin financiación no sirve para nada.
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