Un futuro sin residuos plásticos ni alimentarios

Muchos somos lo que hemos sentido en alguna ocasión esa frustración, al llenar el frigorífico tras la compra semanal, al darnos cuenta de que gran parte de lo que se refrigerará infructuosamente son envases plásticos de un solo uso. Acabarán en unos pocos días en el contenedor amarillo, en el mejor de los casos; y un porcentaje nada despreciable de los alimentos en la basura, cocinados o sin cocinar.

Hoy más que nunca nos remueve la conciencia sobre nuestra responsabilidad individual y familiar como productores de estas cantidades ingentes de residuos, que requirieron grandes cantidades de recursos naturales. Y si bien es cierto que muchas cosas han cambiado a mejor, como por ejemplo la seguridad alimentaria, la trazabilidad o la información, por desgracia en otras hemos ido a peor, como es la desmesurada producción de residuos. Por esa razón, desde Europa se han venido regulando normas que abordan medidas para reducir la generación de residuos y el uso de plásticos, promoviendo así una cultura de economía circular y de valorización.

Recientemente en España se ha aprobado la ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que establece el marco legal para la prevención y gestión de residuos en las próximas décadas. Y su lectura no deja indiferente, puesto que introduce drásticas y complejas medidas. Prohibiciones, exigencias, impuestos y sanciones que afectarán a todos los que formamos parte de esa cadena de valor del consumo. Pone el foco, por ejemplo, en una serie de productos plásticos de un solo uso, con un calendario para eliminar su puesta en el mercado o sustituirlos por plástico reciclado, con obligaciones de marcado y de recogida separada.

Exigirá a los espacios comerciales minoristas de más de 400 metros cuadrados, a partir del 1 de enero de 2023, destinar al menos un 20 % de su área de ventas a la oferta de productos sin embalaje primario, a granel o con recipientes reutilizables. Abre la puerta a un nuevo sistema de recogida de envases plásticos para bebidas, no muy distinto del que conocimos en el pasado para retorno de vidrio en los comercios, que pagaban una pequeña cantidad a los clientes por esta devolución.

Pero esto no solo afecta a los productos domésticos: también va a disparar las obligaciones de cualquier operador comercial o industrial. Esta nueva ley crea nuevos impuestos: uno sobre fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizable o de un solo uso, que se gravarán a razón de 45 céntimos de euro por kilogramo de plástico; y otro sobre vertido e incineración de residuos, que podrá oscilar entre 1,5 euros y 40 euros por cada tonelada.

Fija también calendarios de recogida selectiva de biorresiduos (el famoso contenedor marrón, que deberá estar implantado en todos los municipios en 2024) estableciendo nuevas metas de reducción de desechos urbanos de un 15% en 2030 respecto a 2010.

La lucha contra el despilfarro de alimentos es también objeto de regulación, buscando reducir a la mitad los alimentos desechados en los hogares, distribución minorista y en sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías); y comprometiendo a rebajar un 20% las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.

Y estas son solo algunas de las principales medidas de esta ley, que sin duda va a tener un importante impacto en nuestra economía, pero también de transformación en nuestros hábitos de consumo y en la forma de producir y comercializar de nuestras empresas.

Pues bien, ante este nuevo escenario regulatorio, cualquiera de estas debería estar actuando, en especial para hacer frente a las obligaciones relativas al impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, que entrará en vigor en enero. Será necesario que conozcan con precisión qué volúmenes de plástico gestionan, definiendo un sistema de trazabilidad y de control; conocer las implicaciones de la norma en sus procesos y sistemas logísticos; saber cómo afectará a la demanda y oferta de productos plásticos en los próximos años; cómo evitar sanciones y liquidar los nuevos impuestos; y decidir de qué manera posicionarse ofreciendo un valor diferencial a los clientes, con nuevos envases y productos que sustituyan o reduzcan el uso del plástico.

En definitiva, las empresas deben con urgencia analizar y establecer un plan ad hoc para esta ley desde una perspectiva legal, fiscal y de procesos, de manera que puedan convertir este nuevo reto de reducción de plástico y residuos en una oportunidad para el planeta, pero también para su competitividad y crecimiento.