La función pública y el compromiso de la ciudadanía
A finales del pasado año se entregaban los premios anuales a la innovación y a las buenas prácticas en la Administración pública de la Región de Murcia. Por primera vez, se otorgaban también los premios a la igualdad y, un año más, se distinguía a varios funcionarios y funcionarias por su dedicación notoria y relevante al servicio público.
Sin duda alguna, una jornada de alegría por el reconocimiento que recibimos, pero también de reafirmación del compromiso de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma con el servicio público, con la ciudadanía, porque ser empleado público implica no solo el conocimiento y la aplicación de las normas y del ordenamiento jurídico a la gestión de las políticas públicas sino, también, dedicación, profesionalidad, vocación de servicio y un compromiso personal y colectivo con los ciudadanos y, en muchos casos, cierta pasión.
Los empleados públicos tenemos la noble misión de trabajar bajo la dirección de los políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos -una extraña pareja de baile, como la calificó el profesor C. Ramió- para hacer más eficaces y eficientes todos los procedimientos y actuaciones, pero, fundamentalmente, para ayudar a la ciudadanía a incrementar su bienestar, su seguridad, su salud, su educación o su cultura, o para preservar y conservar el medio natural, o para contribuir a un desarrollo económico y social sostenible. En definitiva, para aportar soluciones, pensando y trabajando en defensa de los intereses generales, sean cual fuere nuestra ideología o pensamiento, sea cual fuere el Gobierno elegido.
La función pública es un digno oficio, una noble tarea, algunas veces, demasiadas, denostada por quienes desconocen el esfuerzo y el trabajo diario, callado, sin relumbrón, de los miles de empleadas y empleados públicos de nuestra Región que, en sus más diversos campos, contribuyen a mejorar la existencia de todos. Médicos, policías, juristas, ingenieros, economistas, psicólogos, técnicos, administrativos o bomberos, por citar algunos, integran la función pública. De sus competencias, de su preparación, de su buen hacer y de su nivel de compromiso depende, en buena parte, la eficacia de las políticas públicas y el bienestar de los ciudadanos.
En la citada entrega de premios se reflejaba el compromiso de los funcionarios con la sociedad, a través de la innovación en los procedimientos y procesos; de las buenas prácticas en las administraciones regional y local, tan cercanas a la ciudadanía; del fomento de la igualdad, tan deseada y por la que tanto nos afanamos, y del reconocimiento a los empleados públicos, que hacen del servicio público la razón de su profesión y de su permanente formación.
Así lo ponía de manifiesto el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, a quien acompañaba la consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros. Hablaba del servicio público, del capital humano, del talento en las administraciones públicas y de la contribución a su transformación, modernización y regeneración al servicio de la sociedad. Evidentemente, en aquel momento eran todos los que estaban, pero no estaban todos los que son, pues el valor añadido de esa gran organización que son las administraciones públicas son todas las personas que las integran.
Los empleados públicos somos profesionales, muchas veces apasionados por nuestro trabajo. En muchas ocasiones -cada vez más- innovadores y siempre defensores del bien común, de la igualdad y del interés general, sometidos a las leyes y al resto del ordenamiento jurídico vigente. Así lo juramos o prometemos cuando accedemos a la función pública. Nuestro compromiso no ofrece dudas: lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado -y en el caso de las comunidades autónomas, también el Estatuto de Autonomía-, por lo que ¿con qué fuerza moral vamos a exigir ese compromiso a los jóvenes que acceden a la función pública, cuando el más alto representante del Estado en una comunidad autónoma ni guarda ni hace guardar la Constitución ni su Estatuto de Autonomía? Un ejemplo pernicioso, porque el compromiso con la ciudadanía pasa inexorablemente por el cumplimiento de la ley.
