Fiscalidad y financiación

El presidente de la Junta de Andalucía, señor Moreno Bonilla, ha abierto la caja de los truenos. Ha dicho que «suprimirá» el impuesto sobre el Patrimonio, y ha invitado a los empresarios catalanes a que se instalen en Andalucía.

En mi opinión, en España se necesita un amplio y profundo debate sobre fiscalidad, sobre el sistema tributario y sobre la financiación, tanto de los servicios públicos como de las autonomías. Pero el debate, para no incurrir en la demagogia, ha de ser global y no parcial.

1. Una primera cuestión a resolver es si necesitamos, o no, una armonización fiscal. Hay quienes defienden que cada comunidad autónoma puede hacer con los tributos cedidos por el Estado lo que considere conveniente: bonificar, hasta la supresión de hecho, las cuotas tributarias de los impuestos del Patrimonio, de Sucesiones y Donaciones, e incluso en los tramos del IRPF. Los defensores de esta 'libertad' de las comunidades autónomas hablan de verdadera 'soberanía fiscal', y están tan crecidos que el señor Moreno se permite amenazar con que Andalucía reaccionaría contundentemente si el Gobierno de la nación intentase limitar esta 'soberanía' fiscal.

En mi opinión, por el contrario, la armonización fiscal es urgente e imprescindible. Por dos razones: primera, para evitar la competencia desleal entre comunidades autónomas; y, segunda, por exigencias del principio de igualdad. No es admisible que un español que viva en Vélez Rubio no pague el impuesto sobre el Patrimonio, y otro que viva en Puerto Lumbreras, sí.

¿Y cómo armonizar? No se trata de recentralizar, de que el Estado recupere los impuestos cedidos. Dejemos a las comunidades autónomas la gestión de los tributos cedidos. Pero suprimamos completamente su competencia normativa sobre los mismos. Que recauden, pero que no legislen. Por cierto, habría que recordar que eso de la 'soberanía' fiscal de las comunidades autónomas es una entelequia. Que la 'soberanía' es única y reside en todo el pueblo español, según el artículo primero de la Constitución.

Otro día hablaremos de los regímenes navarro y vasco, que yo creo que hay que suprimir.

2. La segunda cuestión es afrontar la reforma global de nuestro sistema tributario. Ello requiere tener claro lo que queremos hacer con cada uno de los impuestos.

En mi opinión, el impuesto sobre el Patrimonio debe suprimirse por completo. Don Enrique Fuentes Quintana lo explicaba muy bien: o el impuesto sobre el Patrimonio se paga con las rentas de ese patrimonio, y entonces, existiendo el IRPF, se trataría de un reprochable supuesto de doble imposición sobre la renta; o se paga con el producto de la venta de elementos patrimoniales. Y entonces estaríamos descapitalizando el país. Por eso, concluía Fuentes Quintana, solo en situaciones extraordinarias, como una guerra, y con carácter temporal, estaría justificado el impuesto sobre el Patrimonio.

Otra cosa es el impuesto de Sucesiones y Donaciones. En mi opinión, sigue siendo un instrumento adecuado para la redistribución de las rentas. Claro que bien regulado y siendo igual para todos los españoles, independientemente de su vecindad.

Y, en fin, el impuesto sobre las Sociedades requiere una reforma a fondo. Si de verdad se lograse gravar los beneficios netos de las sociedades, no serían necesarios esos impuestos excepcionales sobre los llamados beneficios extraordinarios de las energéticas y de los bancos.

3. Y la tercera cuestión consiste en reformar en profundidad la financiación de las comunidades autónomas. Son muchas y muy caras las administraciones que tenemos que financiar con el dinero de los impuestos. Y todo sale del único bolsillo de los españoles. El principio fundamental a tener en cuenta es el de la suficiencia: la financiación de las comunidades autónomas debe ser suficiente para el sostenimiento y mejora de la educación y de la sanidad públicas, y demás servicios transferidos. Ahora bien, también hay que exigir a las comunidades autónomas cierto sentido de la responsabilidad fiscal. Han de ser conscientes de lo que cuesta recaudar los tributos. Ese dinero no se puede gastar alegremente. Tampoco se pueden hacer promesas de suprimir o reducir impuestos, y luego, si hay déficit, echarle la culpa al Estado. Y, en fin, en tercer lugar, hay que regular la compensación para nivelar la calidad de los servicios en todo el territorio de España.

Se trata, pues, de tres debates muy serios, y con profundas consecuencias políticas y económicas. Pero reconozco que quizás no sea este el tiempo adecuado para plantearlos. Ahora se busca el voto fácil y el aplauso entusiasmado. Por eso nos prometen que nos van a construir un puente. Aunque no tengamos río.