La financiación autonómica

El régimen de financiación de nuestras comunidades autónomas, las que lo hacen por el régimen común, como la nuestra, está vigente desde el año 2009. Ya se han cumplido sobradamente los plazos para los que fue diseñado y ningún Gobierno ha abordado su reforma, a pesar de que algunas autonomías, entre ellas la de Murcia, piden desaforadamente su actualización, bajo el mantra de «estar insuficientemente financiadas», haciendo creer, al menos así está llegando el mensaje a la sociedad, que lo que el Gobierno debe hacer es financiar a las comunidades autónomas en función de la población y en una cantidad igual por cada habitante que vive en cada una de ellas. Ya saben: los murcianos somos españoles de segunda división, siempre, naturalmente, que el Gobierno de España tenga un color político distinto del nuestro.

Además de la simpleza del mensaje, que obvia principios importantes de la financiación autonómica, que además del de equidad, debe contemplar los de suficiencia y los de autosuficiencia y corresponsabilidad, así como el de refuerzo del Estado del Bienestar, entrar en esa dinámica introduce elementos de división y diferenciación entre los diferentes territorios de España, que no deberían ser aceptables por una sociedad informada y madura, y que un Gobierno serio y responsable no debería utilizar.

Pensar que pasaríamos a ser españoles de primera división si el Estado transfiriera por cada murciano la misma cantidad de euros que envía por cada habitante de cualquier autonomía española, excluidas las forales, es potenciar el proceso de emigración que se está produciendo en nuestro país, hasta el punto de que hoy se habla con frecuencia, y con razón, del problema que ofrece la 'España vaciada'. Si la financiación autonómica se hiciera bajo esa premisa, estaríamos ayudando a que determinados territorios se vayan despoblando con mayor celeridad con que lo hacen, dado el deterioro que se produciría en sus ya menguados servicios básicos. Un ejemplo puede ilustrar esta afirmación. Fuenlabrada y la provincia de Cuenca tienen, aproximadamente, el mismo número de habitantes, pero mientras en la población madrileña con unos 5 centros de salud sus habitantes tendrían una atención médica confortable, imaginen lo que sería de los conquenses, que solamente contarían con ese número de centros sanitarios para toda la provincia. Cualquiera de nosotros entendería que con ese parámetro financiero, la emigración interior se aceleraría, en detrimento de las zonas menos pobladas y en contra de los mensajes que todos los partidos políticos, sin excepción, hacen al respecto.

Que la población debe ponderar, a la hora de establecer los recursos transferidos desde el Gobierno central a las autonomías es algo incontestable, pero en ningún caso debe ser el único factor de ponderación. Clasificarnos, autoclasificarnos, como españoles de primera o segunda, solamente en función de dividir los recursos que recibimos del Estado por el número de habitantes, no pasa de ser un arma política que se usa hoy, para señalar lo mucho que nos quiere el Gobierno central, si es de nuestro propio partido, y lo poco que lo hace si tiene otro color político, aunque ambos utilicen el mismo sistema de financiación y remitan idénticas cantidades de recursos.

Y todo ello con el agravante que supone estar permanentemente lamentándonos de las necesidades que tenemos y de los escasos recursos con que nos dota el Gobierno de España, mientras rebajamos algunos de los tributos cedidos, que gestionamos autónomamente, olvidando el principio de corresponsabilidad financiera y siempre utilizando este instrumento para que se beneficien determinadas capas sociales, bajo supuestos económicos que hoy ni se sostienen, ni soportan ningún análisis riguroso. Ese concepto solamente lo defiende hoy el conservadurismo decimonónico.

Y todavía me parece más lamentable que, entre todos, estemos dando una imagen de insolidaridad territorial, que estemos profundizando en un esquema político que pasa por una permanente lucha entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, que nacieron para la descentralización del poder, pero no para ser utilizadas como armas políticas arrojadizas de unos contra otros, y que solamente pensemos en nosotros y olvidemos otros territorios, y otros españoles, que también tienen derecho a unos servicios básicos dignos y suficientes.

Un poquito de sentido común, de seriedad y de rigor en el manejo de determinados conceptos y mensajes no nos vendría nada mal. Aunque mucho me temo que esta reflexión no pase de ser un brindis al sol.