Libertad de enseñanza... Mucho ruido y pocas nueces
Hemos denunciado la asfixia económica que soportan los profesionales de la concertada y cómo crecen las desigualdades con respecto a los de la pública
La libertad de enseñanza es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución. Pero... ¿se materializa en la realidad?
Nuestro sistema educativo ... es un servicio público que se presta a través de los centros concertados y de los públicos, por lo que, supuestamente, ambas redes deben tener la financiación necesaria para poder funcionar correctamente. Para ello, la Administración debe garantizar no solo que las familias puedan elegir libremente el centro que prefieran para sus hijos, sino también, no permitir que aumenten las desigualdades en las condiciones salariales y laborales entre los docentes de la concertada y la pública.
FSIE ha denunciado ante la Consejería de Educación la asfixia económica que soportan los profesionales de la concertada y cómo las desigualdades, con respecto a los compañeros de la enseñanza pública, se están viendo ampliadas en estos últimos años provocando situaciones como que finalice este año con unos sueldos que aún no han visto completada la subida correspondiente al año 2023.
Cada vez se ve más utópico llegar a percibir todos los atrasos salariales en el año 2025
Sabemos que esta situación es impensable para los docentes de la pública, cuyos sueldos se actualizan en el año correspondiente y con rapidez. Pero, como siempre para la concertada, no es así. Ni siquiera tenemos la certeza de cuándo se hará efectiva la subida de los salarios correspondiente al año 2024, porque, según fuentes oficiales, dependerá de si tenemos o no presupuestos.
Por tanto, cada vez se ve más utópico llegar a percibir todos los atrasos salariales en el año 2025, disfrutar de sexenios como sus homólogos de la pública, que a partir del segundo trienio cobran 894,88€ más al año y tras veinticinco años de antigüedad se agranda esta diferencia hasta 5.586,94€ anuales; acceder a un complemento que reconoce la carrera profesional, consistente en 1.035,96 € al año para los profesionales de Primaria e Infantil y de 1.843,32€ para los de Secundaria: ESO, FP y Bachillerato; tener un complemento como el de jefe de departamento por asumir responsabilidades en las programaciones de las asignaturas o ver reducida la carga lectiva, tan necesaria para desarrollar un trabajo en condiciones de calidad como pudimos oír en el I Congreso de Bienestar Emocional que la Consejería de Educación organizó recientemente en Murcia. Y es que, los docentes de Secundaria de la concertada tienen hasta siete 'horas de pizarra' más a la semana que los de la pública, o bien, hasta dos asignaturas más a la semana, o bien, hasta sesenta alumnos más de media, con las correspondientes cargas de trabajo en la preparación de las asignaturas, evaluaciones, correcciones, atención a las familias, etc.
Ni qué decir si abordamos la partida de otros gastos de donde se costea el mantenimiento, conservación y funcionamiento del centro. De esta asignación, también salen los salarios y seguros sociales del personal de administración y servicios. Esta partida suele pasar largos períodos, de años, sin incrementarse y siempre por debajo del coste de la vida. En los últimos cinco años la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) ha sido del 18%, mientras que el incremento de esta partida ha sido de un 5%. Una evidencia más de la infrafinanciación que recibe la enseñanza concertada.
Genera mucho ruido mediático hablar de libertad de enseñanza. Pero, no se puede hablar de libertad de enseñanza en nuestra Región hasta que los trabajadores de la concertada consigan tener un salario y unas condiciones laborales equivalentes a los de la pública, con los que comparten la responsabilidad de formar a nuestros alumnos en la Región de Murcia. Por un mismo trabajo deberíamos recibir un mismo trato. Ni más ni menos.
Libertad de enseñanza... Mucho ruido y pocas nueces.
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