Un Estado incierto

El Estado español ha arrastrado, desde tiempos lejanos, tres grandes problemas que, durante siglos, han marcado su devenir: las relaciones con la Iglesia, el papel de los militares y la organización territorial.

Me atrevería a decir que los dos primeros, salvando algún que otro incidente, puntual y poco trascendente, fueron razonablemente resueltos a lo largo de la Transición, con la aprobación de la Constitución y con la llegada al poder del PSOE que, junto a la vacuna que supuso para la sociedad española el intento de golpe de estado de 1981, establecieron unas relaciones bastante razonables con ambas instituciones. No se me escapa que tenemos pendiente renegociar un concordato moderno y actual con la Iglesia católica, para lo que se debería aprovechar la presencia de un Papa como el actual, bastante abierto a racionalizar este tipo de relaciones; pero eso quizás lo abordemos en otro momento.

Sin embargo, la organización territorial sigue pendiente de que seamos capaces de encontrar un modelo justo y aceptable, que nos dé estabilidad y que solucione los desajustes que se vienen produciendo desde que España se definió como un estado autonómico y se comenzaron a redactar los correspondientes estatutos de autonomía. La actual pandemia del coronavirus no ha hecho más que evidenciar las enormes contradicciones que el actual modelo genera, agravadas por el uso partidista que todos hacen de las instituciones, utilizándolas como arma arrojadiza de unos contra otros, ante la perplejidad de la mayoría de los ciudadanos que consideramos esta situación insostenible, por ineficaz y caótica. El título VIII de nuestra Constitución fue uno de los más controvertidos y motivó las discrepancias mayores entre las fuerzas políticas del momento, que tuvieron que optar por un modelo abierto, y no definitivo, para que pudiera ser aceptado por todos; o mejor dicho, por casi todos ya que el PNV no lo hizo. Pero creo que ha llegado el momento de abordar este problema, si no queremos que sigan abriéndose las costuras del Estado y llevándonos a situaciones como las vividas en Cataluña, en el llamado 'procés'.

Nos crea enorme perplejidad comprobar cómo los gobiernos autonómicos quieren situarse al mismo nivel que el Gobierno de España, cómo se discuten todas las propuestas de éste, sean las que sean, por aquellos, con tal de hacerse notar; cómo se intenta incumplir leyes de ámbito estatal, aprobadas por el Congreso de los Diputados; cómo se confronta la legitimidad de las Cortes generales con la de cualquier parlamento autonómico, y cómo algunos sitúan al mismo nivel la legitimidad de la soberanía del pueblo español con la de cualquiera territorio autonómico, por grande e importante que sea; en fin, cómo se cuestiona la validez de nuestra vigente Constitución, igualando su prevalencia a los estatutos de autonomía de cada uno de los territorios que conforman este país.

Creo que sería urgente definir en la Constitución el listado de competencias autonómicas y las que son exclusivas del Estado, estableciendo con claridad los límites de ambas, especialmente de las primeras, para evitar distorsiones e interpretaciones manipuladas o extemporáneas y que, por otra parte, se establecieran con claridad y precisión los mecanismos de colaboración y de cogobernanza, con el fin de poner fin a tantas actitudes espurias, que solo nos llevan a peleas inútiles, que están creando un caldo de cultivo contrario a la propia existencia de las comunidades autónomas, o, como mínimo, a que mayoritariamente creamos que hay que poner coto a esta situación de incertidumbre y confusión. Me interrogo acerca de lo que pasaría si se pudiera saber, con precisión, qué piensa el pueblo español a este respecto.

Y, en cualquier caso, creo que España debería avanzar en la dirección de formalizar una estructura federal, que ya casi está establecida, en la línea de lo que el consejo territorial del PSOE acordó en las declaraciones de Santillana y Granada, en tiempos del añorado Rubalcaba. Es un buen camino y bastante clarificador.

Claro que para que ello fuera posible, sería preciso tener una clase política consciente de la situación que vivimos y que todos estuvieran abiertos a establecer un debate nacional para mejorar la situación, lo que no se ve por ningún horizonte; no en vano existen partidos, unos en el Gobierno de España y otros que lo apoyan, que alimentan la confusión y están más que cómodos con el estado actual, defendiendo el 'cuanto peor, mejor', y ni siquiera los dos grandes partidos, que han vertebrado, y siguen vertebrando, nuestra democracia, son capaces de mirarse frente a frente y ponerse a intentar remediar una situación, que, estoy seguro, a ninguno de los dos agrada y ninguno de los dos defiende.

¿Hay alguien ahí?