Estado de Derecho y práctica política

El Derecho, a diferencia de otras modalidades normativas (como son las atinentes a la cortesía o la moral), no se compone de enunciados de conductas cuyo cumplimiento quede a la libre disposición de sus destinatarios. El Derecho, así hay que subrayarlo con mucho énfasis, se integra de normas de inexcusable cumplimiento. Y también debe resaltarse que ese obligado cumplimiento del Derecho es una premisa ineludible de la verdadera democracia, pues es la ley lo que expresa la voluntad general de todos.

Lo que antecede son las ideas básicas que configuran ese modelo de convivencia que nuestra Constitución denomina Estado de Derecho. Un modelo que los revolucionarios franceses de 1789 crearon y plasmaron en su famosísima Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, haciéndolo desde la convicción y voluntad de que es la mejor manera de alcanzar la libertad y la igualdad, exigencias ineludibles para garantizar la dignidad que todo ser humano merece.

Un modelo que es asumido en el mundo actual como el mejor para lograr una sociedad civilizada; y que solo adquiere verdadera realidad cuando la mayoría de la sociedad lo asume como una convicción viva y profunda.

Pero una buena convivencia democrática no se consigue tan solo con respetar las reglas del Estado de Derecho, exige algo más. Exige que el debate plural entre actores políticos esté presidido por el respeto al discrepante y eluda cualquier nota de menosprecio hacia el adversario ideológico. Estos actores políticos han de ser un referente para la ciudadanía; y únicamente si lo son generarán en dicha ciudadanía la convicción de la necesidad de que el respeto al otro es algo imprescindible para alcanzar esa paz social que caracteriza a una sociedad civilizada.

Todo lo anterior son obviedades que a estas alturas no sería necesario recordar. Sin embargo, desgraciadamente la actualidad de nuestra vida política lo desmiente con estos dos importantes hechos a los que seguidamente me refiero.

El primero es que cada vez con más frecuencia algunos de nuestros dirigentes políticos expresan con pasmosa naturalidad que gravísimos incumplimientos constitucionales o del resto del orden jurídico son absolutamente irrelevantes. Esta clase de comportamientos políticos, si se tiene en cuenta la influencia que un dirigente tiene sobre sus seguidores, puede ser el principal caldo de cultivo para que importantes capas sociales vayan asumiendo la creencia de que la inobservancia de las leyes es algo indiferente, esto es, que el cumplimiento del Derecho depende de la pura y simple voluntad del destinatario. Lo cual supone, lisa y llanamente, la clausura del Estado de Derecho y con ello de la democracia, al desaparecer esa vivencia social sobre la necesidad de este modelo de convivencia política; una vivencia social que, como antes he señalado, ha de constituir su principal soporte y fortaleza. Y un seguro camino para transitar desde una comunidad civilizada hacia un estado de absoluta incertidumbre jurídica.

El segundo de esos hechos es que el debate político ha dejado de consistir en lo que debiera ser: una confrontación dialéctica entre distintos proyectos de acción pública, de forma tal que el parlamento sea un marco capaz de enriquecer el abanico de alternativas ante los problemas de interés público que la realidad plantea. Ese debate se ha convertido con bastante frecuencia en un enfrentamiento bronco, limitado a manifestar denuestos, exabruptos y abstractas descalificaciones del rival político. Y esto también puede generar en la ciudadanía una desconfianza y alejamiento del sistema democrático, si acaba prevaleciendo en ella un sentimiento sobre la inutilidad de la actividad parlamentaria.

* Nicolás Maurandi Guillén, presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, falleció el pasado 8 de marzo a los 71 años. Dejó escrito este artículo antes de su muerte.