Recortes en la UMU

El milagro universitario regional es fruto de un consenso social centenario, que históricamente ha apostado por el desarrollo socioeconómico y la inclusión social a través de la enseñanza superior pública. Pero desde hace un tiempo la UMU languidece. La joya de los servicios públicos murcianos descansa actualmente en hombros de gigantes agotados y mal pagados: el 43% de la plantilla, 1.146 personas, trabajan a tiempo parcial cobrando menos de 600 euros. La institución resiste hoy solo gracias al sobreesfuerzo crónico de una plantilla con más ilusión y vocación que recursos, quemada por condiciones laborales vergonzantes. Por padecer, hasta se pasa frío y calor en aulas y laboratorios, porque hasta para pagar la luz hay estrecheces. La UMU pierde preeminencia, acusa el desgaste de la falta de financiación y sufre la angustia que supone vivir de forma cortoplacista e imprevisible, sin certidumbre en su dotación económica. El último rector que consiguió un horizonte presupuestario decente, Pepe Orihuela, lo hizo amenazando (literalmente) al entonces consejero Pedro Antonio Sánchez con encadenarse junto a su equipo a las puertas de San Esteban. Aquello funcionó, pero en 2019 terminó el plan de financiación plurianual del rector Orihuela. Y en la UMU hoy se vive al día.

En las últimas semanas parecía que las cosas podrían mejorar: la nueva ley de universidades, la LOSU, pondrá límites estrictos a la contratación precaria en las universidades, y obligará a dignificar las plantillas. Con un 43% de contratos temporales a tiempo parcial, la UMU deberá, por ley, reconducir su situación y afrontar contrataciones dignas para un mínimo de 30.000 horas de docencia. Para ello, la nueva ley prevé que se comprometa con las universidades una financiación equivalente al 1% del PIB en los próximos 5 años. Así, una ley que nació bajo muchas críticas termina consensuando un articulado que puede dignificar la universidad pública española, apelando a la voluntad y responsabilidad de los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen delegadas las competencias en educación superior.

Y en estas, con la LOSU a las puertas, hace unos días en la UMU recibimos como un jarro de agua fría la propuesta del rectorado de recortar la oferta de plazas de estudio y reducir el número de grupos de enseñanza en facultades que, precisamente, concentran mayor profesorado precario. La medida afectará especialmente a las facultades de Derecho, Economía y Empresa, Educación y Letras, que mantienen en su mayoría titulaciones con alta demanda social. Y sin serenidad para el debate, sin negociación con agentes sociales y sin escuchar al profesorado, en un segundo viernes de dolores para la UMU (el primero, hace un año, recortó el reconocimiento de la actividad investigadora), se han aprobado estos recortes en consejo de gobierno. Una votación secreta, acompañada por los gritos de protesta e impotencia de la comunidad universitaria, ha dispuesto lo que en palabras del rector Luján es «ordenar la casa para poder negociar una mejor financiación con la CARM». Los pocos miembros del consejo de gobierno que votamos en contra no llegamos a entender bien una estrategia que consiste en precarizar la docencia y suprimir precarios para poder solicitar la financiación necesaria para combatir la precariedad. No entendemos esta lógica negociadora, y algunos tenemos la sospecha de que es una imposición de la CARM. Nos preocupa, básicamente, que nuestro rectorado esté anticipando así la insumisión del gobierno regional hacia la LOSU en materia financiera. Ya veremos en qué quedan las negociaciones de Luján, pero nos entristece pensar en perder el tren de desarrollo estratégico para el futuro de nuestra región que supondría invertir el 1% del PIB en investigación y educación superior. Sea como sea, con más o menos medios, desde nuestras aulas y laboratorios seguiremos esforzándonos en poner la ciencia, la tecnología y la cultura al servicio de la calidad de vida en la Región de Murcia.