Educación y derecho a decidir

Respecto a la que se intenta en los centros educativos, afortunadamente no es una tarea fácil debido a la propia heterogeneidad de las familias y de los profesores que están a cargo de la educación. Sin embargo, no es en absoluto imposible, como han demostrado los gobiernos nacionalistas en Cataluña. Para ello, es esencial neutralizar dicha pluralidad imponiendo un modelo educativo lo más homogéneo posible. Y por eso debemos estar atentos a cualquier injerencia del poder político; y eso es, precisamente, lo que intentan hacer cuando pretenden limitar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

La educación concertada, que contribuye de manera esencial a la pluralidad educativa, fue implantada por el PSOE con la finalidad, según dijeron, de que las familias que no podían pagar un colegio privado pudieran elegir el tipo de educación que deseaban para sus hijos. Por eso resulta desconcertante, y preocupante, el ataque perpetrado en la Lomloe contra ella.

La cuestión de fondo radica en dos visiones muy distintas acerca del funcionamiento de la sociedad: por un lado, están los que defienden el derecho de todos los ciudadanos a decidir, en aspectos que consideran esenciales, el tipo de servicio público que pagan con sus impuestos, incluida la libertad para elegir la educación de sus hijos; por otro, los que desconfían de la iniciativa privada, en general, y creen que lo mejor es que el Estado decida lo que más les conviene a los ciudadanos, ofreciendo un único modelo de educación. Sin embargo, a estas personas no se les ocurriría exigir que algo aún más básico, como la comida, estuviera bajo el control estatal, y que toda la producción, distribución y venta de alimentos estuviera a cargo de funcionarios del Estado, que se encargarían de fabricar cada producto de acuerdo con un único modelo de elaboración.

Por otro lado, hay quien cree que el dinero destinado a los centros concertados perjudica la financiación de los públicos. Sin embargo, una plaza en un colegio concertado le cuesta al Estado la mitad, por lo que, si todos los centros fueran públicos, se dispararía el gasto (más impuestos) al mismo tiempo que cada centro recibiría menos dinero.

También se ha afirmado que los colegios concertados son centros elitistas en los que se rechaza a los inmigrantes; o que en ellos se inflan las notas y se exige dinero a los padres, convirtiendo la educación en un negocio privado sufragado con dinero público. Pero los datos objetivos muestran que la diferencia entre la media obtenida en Bachiller y la nota de la Ebau es muy semejante entre los estudiantes de centros privados y públicos; que la presencia de alumnos desfavorecidos es proporcional a la representación de la concertada en el conjunto del sistema educativo, ya que los criterios de admisión son comunes y están controlados por la administración; y que las aportaciones económicas son voluntarias y están motivadas por la falta de financiación pública.

Una educación pública, universal y gratuita es la que se realiza con unos criterios de equidad y calidad establecidos y controlados por el Estado, lo que no está reñido con que cada centro pueda tener un carácter propio. Y para ello, las redes pública y concertada son complementarias y no enemigas, como algunos quieren hacernos creer. Entonces, ¿por qué el Gobierno quiere acabar con un modelo educativo ampliamente demandado, eficaz y barato, cuyos trabajadores solo tendrán empleo mientras exista esa demanda?

Igual que nos opondríamos a que solo se pudiera comprar un tipo de pan, elaborado con la misma receta en fábricas idénticas, no tiene sentido impedir el derecho de los padres a escoger libremente la educación que desean para sus hijos, siempre que se alcancen los objetivos académicos establecidos por la administración.