Los dineros autonómicos

Nada hay, sin embargo, en contra de Murcia o Valencia. Simplemente la financiación autonómica tiene un punto arbitrario y nos han tocado peores cartas. No hay otro modo de justificar por qué unas comunidades autónomas cuentan con recursos muy por encima de la media y otras por debajo, hasta el punto de que las diferencias entre las mejor y peor financiadas, a igualdad de competencias y esfuerzo fiscal, sea del 30%.

No es que las más ricas estén mejor financiadas: Madrid y Cataluña, que son las que más aportan, están en la media, mientras que Extremadura y Cantabria están muy por encima. Tampoco es cuestión del color político del Gobierno central, que ha ido cambiando en esas décadas. Ni de los autonómicos, que en su mayoría también han ido cambiando de signo.

El asunto está en que para cubrir las necesidades financieras, que se fijan según la población, la proporción de personas mayores (demandan más gasto en sanidad), jóvenes (más en educación) y la superficie (más caro prestar servicios), las comunidades tienen dos recursos: los impuestos propios, que recaudan más en las regiones ricas, y las transferencias del Estado, que pretenden nivelar esas diferencias. Pues bien, esas transferencias ayudan mucho a igualar los recursos de las comunidades, pero no lo bastante ni de forma consistente. Pese a ello, durante décadas, ningún Ejecutivo ha tenido voluntad o respaldo parlamentario suficiente para resolver el asunto.

Si el objetivo de la financiación autonómica es el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos básicos en condiciones de igualdad, con independencia de donde vivan, las diferencias son excesivas. Si el objetivo es otro, al menos habrá que explicarlo.

La financiación autonómica, a juicio de los expertos más templados, tiene otros tres problemas además de este de equidad. Primero, es muy compleja, y eso la hace incomprensible para ciudadanos no iniciados. Y lo que no se entiende, ni se asume ni se acepta.

Segundo, la falta de transparencia, que tiene quizá su máximo exponente en la falta de claridad del cálculo del llamado cupo del País Vasco y Navarra. Estas comunidades tienen un régimen de financiación distinto al resto, el foral, que les permite asumir todos los impuestos generados en su territorio. Sin embargo, han de pagar un cupo, una cantidad por los servicios que el Estado presta en sus territorios. El modo en que se calcula es opaco. Es importante ser más claro, ya que el régimen foral permite a estas comunidades contar con el doble de recursos por habitante que la media de España por dos razones: son comunidades ricas y, por tanto, recaudan más impuestos y no participan en los mecanismos de solidaridad de la financiación autonómica.

El tercer problema adicional al de equidad es la falta de responsabilidad fiscal. Las comunidades recurren con frecuencia al Estado para que les resuelva sus dificultades financieras en lugar de subir impuestos, recortar gastos o mejorar la eficiencia de sus servicios.

Gastar sin asumir el coste político de tomar decisiones impopulares anima a gastar más. Y lo que es peor, hace muy difícil que los gobernantes autonómicos rindan cuentas al ciudadano sobre la calidad de su gestión. Es preciso deslindar mejor las competencias y pactar qué recursos y qué capacidad normativa es preciso que tenga cada administración. A partir de ahí, que cada palo aguante su vela, que gestione y asuma sus responsabilidades sin culpar a otras administraciones.

A pesar de estos problemas y de que la ley vigente debía haberse renovado en 2014, no es fácil que se reforme la financiación autonómica este año o el próximo. Sobre todo, porque la situación de las finanzas públicas es delicada. No hay margen para dar más dinero a todas las comunidades. Tampoco para mejorar los recursos de los desfavorecidos a costa de los que tienen mejor financiación: ¿acaso alguna comunidad cree que está bien financiada o acepta que su posición de partida es más ventajosa que la de otras?

Así que las comunidades desfavorecidas tendrán que buscar alternativas a corto plazo. De la Fuente propone una: mientras llega la reforma, que el Estado les aporte recursos para que se acerquen a la media. Puede ser una buena idea. Puede funcionar, sobre todo, si la demanda descansa en estudios serios y no en la retórica del agravio. Y, por cierto, tal vez sea sensato que valencianos y murcianos vayamos juntos también en esta materia.