Difícil cobertura de médicos en áreas periféricas

El hecho de alcanzar esta propuesta estuvo envuelto de un gran optimismo, dado que iba a poner fin a la falta de especialistas que se ha ido acrecentando con el paso de los años y que ya se ha convertido en una situación insostenible. Tras una serie de reuniones mantenidas con los alcaldes de los municipios y poblaciones afectadas, con el consejero de Salud y el Servicio Murciano de Salud, en un ejercicio de consenso y voluntad para poner soluciones, se acordó impulsar un acuerdo que era vital para abordar este problema a la mayor brevedad posible. La preocupación de todos era evidente y quedó claro que era necesario colaborar y trabajar conjuntamente en acciones encaminadas a paliar la grave carencia de facultativos, la cual, si no se ataja, se traduce en un incremento de las listas de espera, un deterioro de la calidad asistencial y una discriminación creciente en la atención sanitaria que reciben los ciudadanos de una misma comunidad autónoma en función del lugar en el que residen.

La Consejería de Salud aceptó proponer y elevar a las mesas de negociación correspondientes la propuesta, que consistía en abordar el problema en torno a 3 pilares básicos de acción: considerar el área de salud al completo como zona de difícil cobertura y no solamente determinados puestos de trabajo; que estuviera dirigido a médicos al ser la única profesión deficitaria; y que ofreciera estabilidad laboral, incentivos, incluidos los económicos, y garantía de desarrollo profesional en los hospitales de referencia para los especialistas que desarrollen su actividad en dichas áreas.

Tras los trámites correspondientes, esta propuesta fue contemplada en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022 y así posibilitar el desarrollo de dichas medidas.

Meses después, nos encontramos ante un escenario muy distinto al esperado.

El Servicio Murciano de Salud no ha respetado el marco establecido de «área, médicos, incentivos», concediendo solo incentivos en los baremos de méritos. Este cambio en el planteamiento no solo no soluciona el problema, sino que ha abierto brechas que antes no existían al primar a unos puestos y profesionales sobre otros dentro de una misma área de salud. Además, sin los incentivos adecuados (comunidades limítrofes como Comunidad Valenciana y Andalucía sí los tienen) no se genera el estímulo para que los profesionales se sientan llamados a trabajar en esas áreas, y con las discriminaciones introducidas, los compañeros que ya trabajan en estas áreas valoran marcharse.

Las consecuencias de no hacer las cosas bien y no atajar este problema con la solución adecuada serán demoledoras: en cuestión de tiempo, los hospitales y la Atención Primaria de las zonas periféricas agonizarán y los hospitales pasarán a ser consultorios atendidos por médicos de otras áreas sin la continuidad de la asistencia que la población necesita, mientras que los centros de salud se quedarán sin médicos.

El trabajo en los centros sanitarios de los municipios del área III (Águilas, Lorca, Totana, Puerto Lumbreras y Aledo); área IV (Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla); área V (Yecla y Jumilla); área VIII (San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco); y área 9 (Cieza, Abarán y Blanca) no será atractivo para los especialistas. Ante la escasez de plantillas y la mala planificación optarán por trabajar en áreas en las que es posible una mayor proyección profesional y unas condiciones laborales más seguras y dignas. En cuestión de tiempo, los pocos médicos que quedan en estas zonas de difícil cobertura se marcharán por el poco estímulo y el escaso reconocimiento.

Indigna y frustra comprobar que, hace muy pocos meses, la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud entendieron, defendieron y asumieron los criterios propuestos para abordar este problema y que, ahora, hayan cambiado de postura.

Las instituciones locales y los ciudadanos de estas áreas ahora tienen la responsabilidad de defender que las prestaciones sanitarias de su entorno sean dignas para ellos y para los profesionales y exijan responsabilidades por las consecuencias derivadas de unas decisiones que perjudican a su salud y a la de los suyos a corto y largo plazo.