A dieta de multipartidismo

No existe un conjunto cerrado de normas que configuren lo que es un sistema democrático ideal. Las formas institucionales en las que se articulan las modernas democracias son variadas. Aunque hay consenso en que, sin elecciones libres, división de poderes, libertad de prensa y Estado de derecho no hay democracia posible, cómo se haga realidad cada uno de estos elementos es diferente en cada país. El Democracy Index que publica la revista 'The Economist' sitúa como democracias plenas a países con regímenes tan diferentes como el de Suiza, Noruega, Austria o Canadá. Este índice no juzga el sistema de representación, sino que, entre otras cosas, el sistema de elección sea libre y el voto seguro.

Si nos centramos en la cuestión de la representatividad de los parlamentos, hay que constatar que democracias mejores que la nuestra, como la del Reino Unido o la de Canadá, tienen sistemas que favorecen a las opciones mayoritarias. El sistema electoral de estos países limita al votante a que elija un único candidato de entre los que se presentan en su circunscripción, proclamándose ganador el que alcanza mayoría simple de votos. Se trata de un sistema muy comprensible y que garantiza la gobernabilidad del país. Aunque fomenta el bipartidismo, no impide que los partidos minoritarios influyan en la gobernanza.

En la Región de Murcia se ha reabierto el debate sobre el sistema de elección para la Asamblea Regional. Se debate sobre la barrera de entrada para conseguir diputados. Pasó del 5 al 3% y se discute si devolverla al 5. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes. Es absurdo que el 3% se convierta en la piedra de toque de la calidad democrática y el 5 pase a ser su liquidación. En la Región de Murcia tanto el PSOE como el PP han gobernado en parlamentos elegidos con una barrera del 5% de votos sin que se cuestionara la legitimidad de los mismos y de los gobiernos que de ellos dimanaron. Y hay comunidades gobernadas por el PP que se mantienen en la barrera del 3% (Andalucía, Castilla y León), y otras gobernadas por el PSOE que la han elevado al 5% (La Rioja, Valencia, Extremadura o Baleares).

Tanto en España como en la Región de Murcia hemos sido testigos de la degradación de la vida pública fomentada por la fragmentación parlamentaria. La política se ha convertido en un chantaje permanente y la situación amenaza con crecer por la proliferación de partidos. Se olvida así la clave de la representación política moderna derivada de las revoluciones inglesa y francesa. Los regímenes políticos premodernos no suprimían la desigualdad ni la heterogeneidad social o natural, sino que buscaban coordinarlas para alcanzar la armonía y la unidad. Por ello, la comunidad política premoderna, formada por un conjunto heterogéneo de grupos, no tiene nada que ver con la comunidad política moderna, formada por la totalidad de los individuos libres e iguales. En las sociedades modernas, los diputados no representan propiamente a quienes les han votado, sino el interés general. Por el contrario, los miembros de las cortes medievales trasladaban intereses de sus ciudades, de la aristocracia o de la Iglesia.

Hoy se observa una peligrosa tendencia a que los parlamentos se conviertan en representantes de intereses de grupos, territorios o clases. Se dificulta así poner los intereses comunes por encima de los particulares. El objetivo parece ser que las instituciones mimeticen la pluralidad y heterogeneidad sociales, no que las supriman. Pero ello implica una sociologización de la política que es regresiva y que, lejos de profundizar en la democracia, la abole. Sin embargo, las ideas modernas de igualdad y participación exigen la existencia de representantes de la unidad política, no una participación directa en la vida pública de cada grupo o asociación.

La calidad de la democracia no es directamente proporcional a la fragmentación de los parlamentos, sino que depende de su capacidad de poner en marcha políticas públicas que sirvan al interés general. El sistema electoral no está únicamente al servicio de la representatividad, sino también de la gobernabilidad. En este sentido, una barrera electoral del 5% –que es frecuente en Derecho comparado y así ha sido sancionado por el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones– no solo no es un requisito desorbitado, sino que puede ser un instrumento para perfeccionar nuestras instituciones democráticas.