Cuarenta y un años después

Las sociedades actuales, sus opiniones públicas y sus percepciones van muy deprisa. Casi todo surge de un día para otro, a veces con mucha fuerza y, con la misma rapidez, enseguida se considera desfasado. Sociológicamente, lo que estaba en boga un año, al año siguiente ya no lo está y ya no digamos cinco años después. Algunos lo llamarán relativismo exacerbado, otros, una lógica evolución de una sociedad moderna, exigente, inconformista, que aspira constantemente a la mejora. En este contexto, reflexionar sobre la Constitución española de 1978, un documento aprobado hace cuarenta y un años por el 87,78% de los votantes (siempre es importante recordarlo), parece que nos debería llevar a esa conclusión: que debe de estar desfasado. No en vano, fue concebida en una época distinta a la nuestra, con las inquietudes y prioridades que existían en aquel momento. Ningún autor puede en principio sustraerse a la realidad de su tiempo y es difícil que se pueda adelantar rigurosamente a las inquietudes de generaciones venideras. Sin embargo, la lectura de nuestro texto constitucional desmiente este prejuicio. Las principales preocupaciones y prioridades de la sociedad actual tienen perfecto reflejo y cumplida atención en el mismo. A título de ejemplo, valgan las siguientes referencias que a continuación quiero resaltar. Ya en su magnífico Preámbulo proclama como objetivo fundamental garantizar un orden económico y social justo, así como promover el progreso de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

El artículo 35 indica que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

El artículo 45 consagra que los españoles tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Además establece la obligación para los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

El artículo 47 señala que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

El artículo 49 establece la obligación para los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas que padecen discapacidad física, sensorial o psíquica, a las que deben prestar la atención especializada que requieran. Además establece que han de ampararlas especialmente para el disfrute de los derechos que se otorgan a todos los ciudadanos.

El artículo 50 recoge que los poderes públicos han de garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas que permitan la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.

El artículo 51 mandata igualmente a los poderes públicos que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Y, por último, quiero dejar referencia de una de las previsiones que se han considerado como más avanzadas de nuestra Constitución, en concreto la recogida en el artículo 33, en la que se reconoce el derecho a la propiedad privada pero delimitado a la función social del mismo.

En 1978 se calificó nuestra Constitución como una de las más avanzadas de Europa. Cuarenta y un años después hay que convenir que tal calificativo era acertado. Ello nos permite hoy considerarla como una Constitución totalmente actual, ya que sigue respondiendo a los valores y aspiraciones de los ciudadanos de 2019. Es más, me atrevería a decir que sigue siendo avanzada para hoy en día, a la vista de lo mucho que queda por hacer y por avanzar para conseguir que los derechos ciudadanos descritos y las obligaciones impuestas a los poderes públicos sean efectivos.

Tenemos pues un instrumento muy válido sobre el que podemos seguir fundamentando nuestra convivencia. No solo nos ha proporcionado los cuarenta y una años más prósperos y de mayor avance de la Historia de España (palabras mayores pero en las que creo firmemente), sino que sigue teniendo el contenido para seguir avanzando en la consecución de una sociedad más avanzada y más justa. Precisará sin duda de algunos retoques y de algunos ajustes, pero su esencia y la casi totalidad de su contenido siguen siendo el marco adecuado para nuestra sociedad. Muchas de las carencias que hoy en día padecemos se deben a la falta de cumplimiento efectivo de muchas de sus previsiones. Bastaría con darles ejecución para responder a gran parte de las demandas que hoy en día presenta nuestra sociedad.

Cuarenta y un años después, la Constitución Española de 1978 sigue siendo una de las más avanzadas de Europa. Podemos sentirnos orgullosos de ello y mostrar nuestro agradecimiento a la generación de españoles y políticos que hicieron las cesiones que fueron necesarias para llegar a una acuerdo sobre la misma y, además, con una visión tan adelantada incluso para su tiempo. Es responsabilidad de los políticos actuales y, por supuesto de todos nosotros, el no echar al traste aquel acierto y asegurar en torno a la misma la prosperidad de las próximas décadas.