La criminalización de un sector

Por varios estamentos, partidos políticos y responsables de estos, como el vicepresidente segundo del Gobierno don Pablo Iglesias, se viene afirmando que el problema surgido en las residencias de mayores, es por culpa de su naturaleza jurídica, culpando de manera velada a las residencias privadas.

Si este argumento fuese válido supondría, sin profundizar más, que las residencias públicas no tendrían contagios ni fallecimientos, lo cual como todo el mundo sabe, no es cierto. También se afirma en un alarde de razonamiento científico de alto valor, por el mismo vicepresidente, que el problema reside también en los fondos buitre que gestionan algunas residencias.

De ser cierto, el setenta por ciento de las residencias no tendrían problemas, ya que están en manos de pequeños y medianos empresarios, y solo un 30% son propiedad de grandes fondos sin que, por otra parte, merezcan el calificativo de fondos buitre.

Con la finalidad de encontrar una justificación a estas declaraciones, le plantearía a nuestro vicepresidente y responsable del área social del Gobierno lo siguiente: ¿cuándo fue la primera vez que habló de las residencias? ¿Sabía de su existencia? ¿Las nombró en su programa electoral? Desde que asumió la responsabilidad de las mismas, ¿ha propiciado alguna acción para solucionar los problemas que nos afectan?

Las respuestas son claras, no se puede permitir criminalizar a todo un sector que cuenta con unos servicios y cuidados de calidad que respaldan el 98,8% de usuarios y familiares.

Todas estas argumentaciones no tienen otra finalidad que ocultar el principal culpable de este problema, que no es otro que el actual Gobierno. Sabemos que este demoró injustificadamente las medidas de protección y aislamiento, así como el aprovisionamiento de EPI Y test de diagnóstico, que siguen siendo responsabilidad del mismo Gobierno, que es quien ha agravado el problema. Todo lo demás es echar balones fuera y aprovechar la dramática situación que vivimos para atacar la libertad y la gestión privada.

Por cierto, muchos mayores han muerto en residencias porque los hospitales estaban saturados y no podían atenderles dando prioridad a los más jóvenes. Además, quiero poner en valor a nuestros profesionales, excelentes profesionales, que han puesto en peligro su vida, por estar junto a nuestros mayores, faltándoles medios de protección hasta hoy y con inmensas posibilidades de contagio.

Quiero destacar, dentro del ámbito residencial, que una plaza pública cuesta de media sobre 5.100 € al mes, en contraposición el precio de una plaza de concierto es de 1.680 € al mes, IVA incluido, tres veces menos que el coste público. Las residencias de mayores privadas no solo mantienen la misma calidad o mejor que las públicas sino a un coste para el erario público muy inferior. A la vista de ello, ¿alguien puede argumentar, con una mínima consistencia, por qué razón hay que atacar la gestión privada de las residencias y, sobre todo, ofrecer como alternativa la gestión pública?

Somos un sector esencial para las Administraciones públicas, llegamos donde ellos no pueden llegar, hemos invertido en los últimos cuatro años 1.650 millones de euros y creado más de 15.000 puestos de trabajo, solo en residencias.

Por último, superada esta crisis en las residencias, habrá que depurar responsabilidades, de cómo ha actuado el sector público y el privado, pues de lo que se trata es de preservar la salud y el cuidado de nuestros mayores, y no de luchas políticas, partidistas y con límites morales difusos.