La Covid-19: déficit de solidaridad

Son sobradamente conocidas las lamentables consecuencias de todo tipo que la pandemia está originando en el mundo entero, aunque la incidencia sea desigual por países o por grupos sociales. En España, si por un momento pudiésemos olvidarnos de los dramas personales y familiares y nos centrásemos en los perjuicios económicos que se vienen soportando, podríamos seleccionar de entre todos los existentes tres tipos diferenciados de colectivos. Me estoy refiriendo al de las empresas, incluidos los autónomos y sus trabajadores, al de los funcionarios y al de la clase política.

Como ya sucedió en crisis precedentes, en la actual, aunque con mayor virulencia y presumiblemente mucha menor duración, las empresas y sus trabajadores serán sin duda los más perjudicados. Gran número de empresas se verán seriamente debilitadas y muchas terminarán desapareciendo y será notable el número de trabajadores que perderán definitivamente su puesto de trabajo o verán reducidas sus retribuciones respecto a las que venían manteniendo. Esa conclusión está avalada por los estudios realizados por diversos organismos e instituciones prestigiosas en donde no tiene cabida la exageración y sí el rigor y el análisis como métodos de trabajo.

Ante este panorama surge inevitablemente la pregunta de si esta situación es comparable con la de los otros dos colectivos seleccionados. A tenor de los sueldos y demás complementos de los funcionarios recogidos en los presupuestos tramitados por las distintas administraciones no parece que vaya a ser así, surgiendo la reflexión de si las medidas a adoptar deberían ser proporcionales a los perjuicios sufridos y si la solidaridad, entendida como la adhesión circunstancial a las causas y problemas de los otros, es o no suficiente.

Con la obligada excepción que habría que hacer con los sanitarios y las fuerzas de seguridad por razones obvias, cabría preguntarse si la contribución del resto de funcionarios es la adecuada cuando la seguridad de sus puestos de trabajo está garantizada y el debate se reduce a los incrementos a aplicar, o a lo sumo, a establecer congelaciones en un contexto además de baja inflación. Algo similar sucede con la clase política, incluida la extensa lista de asesores, con el agravante de que es en su seno donde surgen con excesiva frecuencia proclamas y discursos pretenciosos clamando por los más desfavorecidos cuando en su mano estaría actuar en consecuencia y renunciar durante un periodo tasado a una parte más que testimonial de sus retribuciones. Se trataría, en definitiva, de que los que más alardean de solidaridad fuesen los que efectivamente la demostrasen, alejándose de ese discurso efectista que tiene mucho de hipocresía. Y es que la situación que vivimos es excepcional y lo suficientemente dramática como para pretender justificar que la contribución que le corresponda a cada uno deba trasladarse a los demás.

En ese escenario no parece que el actual Gobierno, tan obsesionado siempre por lo público, esté muy interesado en corregir los desequilibrios que siguen produciéndose en detrimento de las actividades económicas privadas, por mucho que estas hayan demostrado lo determinantes que son para la salud económica de nuestro país. Que lástima que tanto el matrimonio Iglesias-Montero como Garzón, exponentes del ala más radical del Gobierno, tan aficionados a ir por libre y a la demagogia, y supuestos adalides de las iniciativas sociales, no hayan abanderado la causa de convencer a sus compañeros de gabinete para reducirse sus sueldos por un tiempo, como han hecho tantos directivos a iniciativa propia y como muestra de compromiso con sus empresas y con sus empleados.