Beneficiar de la transicion energética al ciudadano
EL FOCO ·
Durante este periodo se pueden producir disfunciones y coyunturas complejas, como la actual, y debemos dotarnos de mecanismos que permitan superarlas
El objetivo de la transición ecológica es lograr un sistema energético limpio, eficiente y de costes razonables, asumibles y predecibles, que se traslade a la ... factura del consumidor. Esta ha sido nuestra meta desde 2018. Algunos ejemplos conocidos de este proceso de transición energética son la derogación del impuesto al sol, para que todos los ciudadanos puedan consumir su propia energía sin trabas, y las medidas de apoyo y acompañamiento para las comarcas afectadas por el cierre de minas y las térmicas de carbón, entendiendo que la transición debe ser justa y que no se puede dejar a nadie atrás.
Pero cambiar el modelo energético lleva tiempo. Todavía somos dependientes de las importaciones de un petróleo y un gas que han aumentado su precio en los últimos doce meses, por la recuperación económica global tras la profunda crisis sanitaria: el petróleo cuesta el doble y el gas, cinco veces más.
Este incremento sin precedentes de la cotización internacional del gas es responsable de que el mercado mayorista de la electricidad esté en precios máximos, porque necesitamos la generación de las centrales que lo consumen para cubrir la demanda. Además, sobre la producción de estas instalaciones, los ciclos combinados, se repercute la cotización del CO2 en el mercado europeo, que se ha duplicado en el último año, afectando al mercado mayorista y la factura eléctrica final.
Son necesarias medidas de ahorro y eficiencia energética, energía renovable y almacenamiento
Estos precios tan elevados no se trasladan automáticamente a las facturas finales, pero sí repercuten de un modo que puede lastrar el bienestar de las familias y la recuperación económica.
La primera conclusión es que debemos reducir cuanto antes la dependencia del gas. Y podemos hacerlo disminuyendo el consumo total con medidas de ahorro y eficiencia energética, con energía renovable y con almacenamiento. Esta es la gran apuesta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: acelerar la modernización de nuestro sistema energético.
En el primero caso, el del ahorro y la eficiencia, el Plan de Recuperación multiplica las ayudas disponibles –solo la rehabilitación de edificios va a recibir más de 6.800 millones de euros–. Queremos instalar 500.000 techos solares de aquí a 2023, que al menos 1.000 pueblos de nuestro país cuenten con comunidades energéticas locales y facilitar la modernización de los pequeños municipios a través del DUS.
Con la recuperación global tras la crisis sanitaria, el petróleo cuesta el doble y el gas, cinco veces más
Queremos más renovables –este verano hemos lanzado una nueva subasta– y su incorporación de forma ordenada y responsable. Pero esto no basta. Debemos minimizar el impacto del gas en el precio de la electricidad. Hoy muchos de los ciclos combinados funcionan intermitentemente y apenas representan el 15% de la cesta de tecnologías de generación –desde eólicas a hidroeléctricas–, pero al operar marcan el precio final en el mercado mayorista, de acuerdo con unas reglas marginalistas comunes en toda la Unión Europea.
Reducir impactos en la factura final
El Gobierno no puede modificar por sí solo las reglas europeas, pero sí puede actuar para que el peso del mercado mayorista no sea tan relevante en las facturas finales. Así lo hemos hecho al fomentar el autoconsumo y la contratación bilateral entre generadores y grandes consumidores; al impulsar la creación de un mercado de capacidad que laminará las puntas de precios cuando esté operativo, o al remitir al Parlamento dos proyectos de ley que recortan más de 650 millones los ingresos que reciben las centrales hidroeléctricas y nucleares por los elevados precios del CO2 en la UE y retiran más de 6.000 millones de cargos de la tarifa. Los dos proyectos de ley, combinados, reducirán progresivamente la factura de los hogares hasta un 15%.
Los cambios estructurales en marcha no son suficientes ante turbulencias como las que vivimos. Necesitamos reaccionar rápido. Por eso el Gobierno ha rebajado la presión fiscal sobre la electricidad: ha dejado el IVA en el 10% desde el 21% y ha suspendido el impuesto al 7% de la generación hasta final de año, provocando una rebaja del 12% en la factura de los hogares.
Todas estas medidas se complementarán con un nuevo e inminente plan de choque, tal y como el presidente del Gobierno se ha comprometido a hacer para dejar los recibos de este 2021 en el mismo nivel que tenían en 2018, el año en que tomó posesión el Gobierno, con una coyuntura internacional muy distinta.
Un plan que debe responder a las inercias del pasado con las que operan las centrales hidroeléctricas. Un plan que crea mecanismos alternativos de fijación de precios compatibles con el derecho europeo y el mercado mayorista, pero garantiza a comercializadores y grandes consumidores la posibilidad de comprar electricidad por otra vía. Un plan que avanza en la construcción de un suministro mínimo vital para los consumidores vulnerables. Un plan que explora fórmulas para recuperar en favor de todos los consumidores parte de las rentas inframarginales que hoy benefician solo a las eléctricas.
Durante la transición energética se pueden producir disfunciones y coyunturas complejas, como la actual, y debemos dotarnos de mecanismos que permitan superarlas y garantizar que todos los ciudadanos se beneficien cuanto antes de la transformación.
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