La LOSU y otras losas sobre la universidad
La ley establece obligaciones para todos menos para el Gobierno y viene sin el acompañamiento de una financiación complementaria
El 23 de marzo, el BOE publicaba la LOSU. La tercera Ley Orgánica de Universidades desde la aprobación de la Constitución, elaborada por un Gobierno ... con un solo profesor universitario en el Consejo de Ministros y tramitada en el Congreso de los Diputados por una comisión de 53 miembros – 37 titulares y 16 adscritos–, de los que seis son profesores universitarios, aunque solo dos catedráticos de universidad. Sin duda, una masa crítica exigua para una ley que pretende regular el sistema universitario español en las próximas décadas y que lo único que ha conseguido es el rechazo de todos los operadores universitarios. Desde los rectorados al alumnado, y desde los sindicatos a las comunidades autónomas, critican que no resuelva ninguno de los problemas de la universidad española, aunque parece dar respuesta a las exigencias de las universidades catalanas, como una muestra más del precio pagado para mantener el Gobierno.
La LOSU, tan necesaria para una universidad del siglo XXI, solo es un fiasco por no establecer un sistema universitario nacional y permitir tantos y diferentes como quieran las comunidades autónomas y sus universidades. Con el pretexto de consolidar la autonomía de las universidades –lastrada por la financiación, en el caso de las públicas–, incrementa la desigualdad y crea muchas incertidumbres pero escasas certezas.
Dejando a un lado los puntos diferenciadores de la Ley –que el ministro Subirats y sus palmeros tratan de resaltar–, la LOSU certifica, una vez más, el principio tan arraigado en el Gobierno del 'yo legislo y tú (comunidad autónoma) pagas', tal como evidencia el compromiso de destinar, como mínimo, el 1% del PIB al sistema universitario. Puesto que las universidades son competencia de las comunidades autónomas, el Gobierno se desentiende de su financiación general, lo que va a incrementar la desigualdad entre universidades y consolidar la diferencia entre comunidades autónomas, según sea el grado de la financiación regional que, en el caso de Murcia, es un importante hecho a considerar al ser la segunda peor financiada de España y la más endeudada. En este momento, en que se negocia un nuevo Plan de Financiación Plurianual de las Universidades públicas murcianas, cabe recordar que, en 2022, la UMU y la UPCT recibieron desde la Comunidad Autónoma recursos que superaron los 230 millones de euros –casi el 0,69% del PIB regional, considerando el incremento del 3,2% que pronostica la AIReF para ese ejercicio–, lo que implica que para cumplir con ese compromiso de la LOSU para el horizonte de 2030, el Ejecutivo autonómico tendría que casi duplicar la financiación de las universidades públicas.
La LOSU obliga a las comunidades autónomas a financiar a sus universidades públicas, mediante planes plurianuales, en base a tres parámetros: estructural basal (funcionamiento general: gastos de personal, corrientes e inversiones), estructural por necesidades singulares y por objetivos estratégicos (internacionalización, mejora de la investigación, transferencia, etc.). De todo ello se desentiende el Gobierno, que también se despreocupa, aunque obliga, de la minoración de la temporalidad del profesorado –para alcanzar el 8%–, convirtiendo las plazas de asociado en personal fijo. Objetivos muy plausibles que requieren de un importantísimo esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma y de las propias universidades, pues si consideramos, 'grosso modo', que el profesorado asociado en las dos universidades –excluido el vinculado sanitario– supera los 900 efectivos –cuyo coste salarial supera los 8,5 millones (calculado al máximo de dedicación: 12 horas o 6+6)–, su conversión en ayudantes doctores superaría los 30 millones de euros, una aportación adicional muy complicada de afrontar en 2024, con la financiación autonómica actual. De ahí que haga bien el rector de la UMU solicitando una primera reconversión de 100 plazas (unos 3.200.000 euros) pues, de la totalidad de asociados, solo un 20% está acreditado para acceder a una plaza de ayudante doctor, y esta minoración implicará, necesariamente, una reducción de efectivos, que afectaría directamente a los llamados 'falsos asociados'. Una situación muy complicada, a la vista del estado financiero regional y de otra obligación de la novedosa LOSU: no incrementar los precios públicos y su tendencia a minorarlos.
Por si esto fuera poco, la reforma de las pensiones del ministro Escrivá –un auténtico hachazo fiscal– supondrá para las universidades un incremento de las cotizaciones sociales de su profesorado funcionario o no, acogido al Régimen General, y de su PAS de más alto nivel, lo que también habrá que tener en cuenta en el futuro plan de financiación. En cualquier caso, la LOSU es una auténtica losa para las universidades públicas, porque establece obligaciones para todos menos para el Gobierno. Una mala ley que viene sin el acompañamiento de una financiación complementaria, prometida pero nunca cumplida, por el Gobierno. Lo dicho: yo invito y tú pagas. Lo de siempre.
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