Más feminismo y más sindicalismo para mejorar la sociedad

Desde un análisis con perspectiva de género, el desmantelamiento de los servicios públicos afecta de forma estructural mucho más a las mujeres, porque son las principales beneficiarias y usuarias. Tras siglos de arraigados estereotipos de género, son las mujeres las que de forma mayoritaria se ocupan de los cuidados familiares, y las que más utilizan los servicios educativos, sanitarios y sociales. En consecuencia, sufren más los recortes presupuestarios.

Por otra parte, en España, la plantilla del sector público está muy feminizada, supone casi el 58%. En el sistema educativo las mujeres representan dos tercios del profesorado (68%), y el 77% de las personas que trabajan en el conjunto de la sanidad y los servicios sociales son mujeres. La oferta de empleo público nunca responde de forma adecuada a las necesidades de estos sectores de actividad, expuestos, además, a riesgos psicosociales importantes. La externalización de muchos servicios del cuidado de la infancia, y de cuidados de larga duración a personas mayores o con discapacidad, se caracteriza por la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, con las consiguientes repercusiones sobre la salud física y mental de estas plantillas, altamente feminizadas también en el sector privado.

Los cuidados son fundamentales para el bienestar de millones de personas que no pueden valerse por sí mismas. Y les corresponde al Estado y a los gobiernos regionales garantizar la accesibilidad y la universalidad de los servicios públicos para que nadie quede fuera del sistema en situación de vulnerabilidad. Supeditar los sectores del cuidado a la política de mercado neoliberal atenta contra la dignidad y la vida de las personas.

Valorar el trabajo de los cuidados es el primer paso para reconocer la aportación de las mujeres al bienestar humano y a la sociedad. Dotar de forma suficiente los servicios públicos, atender a todas las necesidades de atención educativa (comedor, guardería, actividades lúdicas) y atender de forma digna a todas las personas que pierden su autonomía personal (a domicilio o en centros especializados), tiene que acompañarse de la inversión en mejoras salariales y de las condiciones de trabajo de millones de trabajadoras que proporcionan cuidados en nuestro país. Estos empleos requieren cualificación profesional, pero sufren una devaluación social por el hecho de ser desempeñados por mujeres. Son percibidos como una extensión de la femineidad, como si el cuidado estuviera inscrito en la genética de las mujeres, y se les confiere una menor consideración social que a cualquier ocupación masculinizada, además siempre mejor retribuida salarialmente.

La segregación profesional de las mujeres en empleos denominados no cualificados, como la ayuda a domicilio o el empleo doméstico, inestimables para el bidaenestar de la sociedad, está infravalora social y salarialmente. A pesar de que durante la pandemia quedó demostrada la importancia de los servicios de atención a las personas, sanitarios, o de limpieza, estos empleos feminizados siguen siendo los peores retribuidos.

El reconocimiento de las ocupaciones profesionales feminizadas y la revalorización salarial de la fuerza de trabajo de las mujeres, de igual valor que la de los hombres, son metas necesarias para la reducción de la brecha salarial de género y las discriminaciones por razón de sexo en el trabajo. La corresponsabilidad de los hombres es clave para no seguir condenando a las mujeres al cuidado, dificultando su permanencia en el empleo y su pleno desarrollo profesional.

Más feminismo y más sindicalismo son las propuestas de CC OO para transformar una sociedad machista en un espacio colectivo equitativo.