Acabar con el acoso sexual y el sexismo en las instituciones

La respuesta a las situaciones de violencia sexual y el acoso sexista sobre las mujeres que se producen en el mundo laboral está a menudo influida por una tóxica combinación de opacidad, rechazo e incomprensión. Una denuncia por acoso sexual es a menudo vivida como un fastidioso suceso que amenaza el prestigio empresarial y que puede enrarecer el clima de convivencia laboral. La respuesta debería ser la gestión rigurosa, ágil y competente de una situación en la cual la víctima sufre y a la cual le ha costado mucho denunciar lo que ocurre. Pero la buena gestión solo se consigue si existe previsión y organización previa de la actuación a seguir para dar cauce a la denuncia por acoso sexual o sexista cuando se produzca.

Disponer de un protocolo no ofrece más que ventajas para una organización empresarial o institución pública: por su sola existencia y difusión entre una plantilla trabajadora ya actúa de forma pedagógica como una primera herramienta de sensibilización y prevención. Secuenciando de forma organizada y transparente el procedimiento de actuación, se confiere seguridad a la víctima para denunciar y se protege al tiempo sus derechos.

Este 8 de marzo, fecha significativa para una actuación feminista, la Asamblea Regional de Murcia como organismo público, a pesar de su controvertida composición política, ha publicado su primer protocolo para la prevención y actuación en situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y por orientación sexual, fruto del trabajo de la mesa negociadora que se constituyó hace unos meses para elaborar su primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Dotarse de un protocolo con medidas preventivas, proactivas y reactivas expresa la intención de la institución por garantizar un entorno laboral seguro y sin discriminación sexista.

El protocolo ha sido trabajado concienzudamente y consensuado con la representación del personal al servicio de la Cámara. Para Comisiones Obreras, que además de estar representada en la Junta de Personal, también ha prestado su asesoramiento, la negociación de este protocolo ha sido muy satisfactoria. Se valora especialmente la aceptación de su propuesta, para que la representación legal del personal de la Asamblea Regional forme parte del grupo que se ocupe de la gestión del procedimiento y de la evaluación del protocolo, pudiendo realizar propuestas de mejora. Contar con la representación legal de la plantilla en cuestiones que afectan a las personas trabajadoras es una actitud respetuosa y coherente que debería ser inherente a todo protocolo en una organización de carácter público o privado. El compromiso expreso para la detección precoz del acoso sexual y las actuaciones de sensibilización, estudio y formación, otorgan a las medidas preventivas la importancia que se merecen.

En un organismo tan importante como la Asamblea Regional, donde hay diputadas que han sufrido durante su intervención pública interpelaciones machistas e iracundas por parte de algún diputado, este protocolo viene a hacer público el compromiso de la institución por preservar un entorno de trabajo libre de discriminaciones por razón de sexo o por orientación sexual, ampliando su ámbito de aplicación al personal al servicio de los grupos parlamentarios o incluso representantes de la Cámara. Es de resaltar la atención especial que se depara a la víctima para garantizar su acompañamiento, favorecer su recuperación y procurar su reparación, en la medida de lo posible, porque lo sufrido no es reparable, aunque si mitigable. Al menos, evitar la victimización, facilitar la ágil efectividad de los nuevos derechos otorgados por la legislación en materia de violencia sexual en el ámbito laboral y promover medidas para el restablecimiento de los derechos vulnerados, son actuaciones garantistas claves para la víctima de acoso sexual o sexista.

Acabar con la violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral, sea en el sector público o en el privado, debería ser un compromiso expreso de cualquier organización, y no la dejación de funciones que contribuye al ocultamiento de una realidad, que cuanto antes se visibilice y se pueda actuar sobre ella, mejor será para el conjunto de la sociedad.